En marzo comienza el primer juicio por delitos económicos en la dictadura
El juicio por el secuestro ilegal y la apropiación de bienes de la familia Iaccarino, empresarios lecheros que exigirán por primera vez en el mismo proceso judicial una reparación económica, comenzará en marzo en La Plata.
“Estaban construyendo un modelo de explotación láctea en Santiago del Estero con intenciones de conformar un polo productivo en el Noroeste argentino, y habían diseñado un sistema de explotación que no encajaba dentro del modelo concentrado de José Alfredo Martínez de Hoz”, explicó el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén en diálogo con Télam.
En noviembre de 1976, los hermanos Rodolfo, Carlos y Eduardo Iaccarino fueron secuestrados por grupos de tareas en Santiago del Estero, trasladados a La Plata donde fueron torturados en distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps, estando cautivos durante 22 meses.
Antes fueron obligados a vender propiedades y acciones y a cambio les prometieron 28 hectáreas de una cancha de golf de un hotel en Córdoba que nunca les entregaron.
Este caso explica, para Alén, que en el terrorismo de Estado “existen víctimas que nada tenían que ver con su posición política, gremial o social”.
En tanto, Alén no descarta que “también existiera motivación económica como con la desaparición de comisiones gremiales internas de grandes grupos empresariales como Ford, Estancia Las Marías, los ingenios de Jujuy, Mercedes Benz, todos sectores aliados al modelo de Martínez de Hoz.
También está en las puertas del juicio oral el caso de la apropiación de bienes de la familia Cerruti, en la zona de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, por supuesta privación de la libertad e imposición de tormentos contra Victorio Cerutti, Horacio Palma, y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini.
En esta causa deberán sentarse en el banquillo de los acusados parte de los condenados en el juicio por delitos en la ex ESMA, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, y Jorge Redice que deberán responder por haber sometido a “condiciones inhumanas" y por la “posterior desaparición” de sus víctimas, secuestradas con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo, según consta en el expediente.
“Son secuestrados, torturados y desaparecidos y los obligan a firmar escrituras hasta que finalmente se construyó un barrio con sociedades fantasmas cuyos integrantes eran oficiales de la Armada", agregó.
“Por un lado, se buscaba implantar un modelo económico y por otro, obtener ventajas personales, para obtener el botín, la rapiña”, apuntó el responsable de la Subsecretaría de Protección de los Derechos Humanos.