De Vido celebró el fallo de la justicia de EEUU
El ministro de Planificación, Julio de Vido, ponderó hoy el fallo de la justicia de los Estados Unidos que asegura que las disputas entre una empresa, en este caso BG Group/Metrogás, y el Estado argentino, deben resolverse en el país donde se hacen las inversiones, e invitó a la compañía a renegociar el contrato de prestación del servicio.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Washington anulando el laudo emitido por un Tribunal Arbitral Internacional, que condenaba a Argentina a pagar aproximadamente 240 millones de dólares a la empresa por daño económico “confirma lo que nunca debió estar en discusión y que es que las disputas deben resolverse en el país donde se han realizado las inversiones”, dijo De Vido a través de un comunicado de prensa.
El ministro anunció que “el Estado Nacional ha intimado a los accionistas de Metrogas S.A. a que se presenten ante la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en forma inmediata a renegociar definitivamente la Licencia para la prestación del servicio público de distribución de gas”.
El arbitraje había sido iniciado por el grupo inversor de origen inglés BG Group, en su carácter de accionista controlante de Metrogas, la principal distribuidora de gas de Argentina, y que siempre ha sido puesto como excusa para negar la posibilidad de renegociar el contrato y de realizar las inversiones necesarias para mantener y mejorar la prestación del servicio.
“Recordemos que estos Tratados Internacionales de Inversión que resignaban soberanía y que generosamente se convirtieron en ley en 1993, -al amparo de la ortodoxia neoliberal- contemplaban una indebida sumisión a una jurisdicción arbitral extranjera, que puso en riesgo nuestra propia soberanía económica y social ya que durante todos estos años, tribunales privados extranjeros juzgan decisiones soberanas que, como el régimen monetario, resultan indisponibles constitucionalmente”, señaló De Vido.
El titular de Planificación indicó además que “Argentina fue llevada a esa instancia de arbitraje internacional, donde se esperaba que resulte inevitablemente condenada, pues el diseño había sido instrumentado para eso”.
“ Lo grave es que debimos asumir como país la representación judicial en esa instancia arbitral, cooperando en el ofrecimiento de pruebas para demostrar la razonabilidad de nuestras decisiones soberanas y abriendo la posibilidad inadmisible de una sentencia crítica que desautorice medidas que hacen al orden público, los derechos humanos, el manejo de la economía”, destacó el funcionario.
Cabe recordar que Metrogas es la única empresa licenciataria del servicio de distribución de gas natural que al día de la fecha no ha renegociado su contrato de licencia, en el marco del proceso que lleva adelante la UNIREN, invocando sistemáticamente como excusa el laudo obtenido por su accionista mayoritario, BG Group.
El 70 % de MetroGAS pertenece al Consorcio Gas Argentino Sociedad Anónima. Un 20 % cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y de Nueva York, y el 10% restante está en manos de sus empleados, a través del Programa de Propiedad Participada.
El Consorcio Gas Argentino SA está integrado en un 54,67% POR BG Group, y el restante 45,33 % por Repsol-YPF.
En 2007, la empresa británica obtuvo un laudo favorable por 185 millones de dólares en la Uncitar, un tribunal de las Naciones Unidas que entiende en cuestiones comerciales. La causa impulsaba un reclamo contra Argentina por el congelamiento de tarifas tras la devaluación y pesificación dispuestas luego de la crisis de 2001. El fallo fue apelado ante los tribunales de Washington.
El ministro aseveró que ¨la nulidad del laudo” declarada por la justicia de los Estados Unidos, “afirma la absoluta soberanía del Estado Argentino en la regulación de sus servicios públicos, y confirma que el camino correcto es la posición adoptada por nuestro país desde mayo del 2003”.
Agregó que “el abordaje sistémico de estos asuntos es y debe ser la fase renegociadora en el ámbito de la UNIREN, con gestión de los temas por parte de las áreas técnicas del Poder Ejecutivo, con control por parte de los organismos de la Constitución y con intervención legislativa cierta en la etapa de aprobación final de las decisiones soberanas sobre la procedencia o no de los reclamos”.
Para finalizar, el funcionario enfatizó que “para la tutela efectiva de los reclamos de estas empresas inversoras que se sienten desprotegidas, está la Justicia Argentina ante cuya Corte Suprema de Justicia deben agotarse los planteos”.