Baltasar Garzón fue respaldado por un jefe policial durante el juicio en su contra
El juez español Baltasar Garzón recibió el respaldo de un testigo policial clave en el segunda día del primer juicio en su contra en el Tribunal Supremo por presunto prevaricato en una investigación de corrupción vinculada al gobernante y derechista Partido Popular (PP).
Se trata del Jefe del Grupo de Intervenciones y Análisis de Comunicaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, Manuel M.T, quien declaró ante el máximo tribunal como testigo de la defensa y la acusación.
El agente avaló en su declaración el argumento de Garzón, quien en la primera jornada de juicio indicó que al ordenar las escuchas telefónicas por las cuales está siendo juzgado, pidió expresamente que se “preservara el derecho de defensa” de los imputados en la trama corrupta y de lavado de dinero que estaba investigando.
Garzón está acusado de prevaricato, es decir, de dictar a sabiendas una resolución injusta, y de violar las garantías constitucionales, por ordenar intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción "Gürtel", ligada al PP de Madrid y Valencia, y sus abogados.
Pero en su intervención ante el tribunal, el magistrado, que enfrenta hasta 17 años de inhabilitación, remarcó ayer que “los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero”, y que su intención, al ordenar las escuchas, era “evitar la continuación de la acción delictiva”.
Además, el juez insistió en que “en ningún momento ordenó que intervinieran a los letrados, sino a los internos en sus comunicaciones con otras personas”.
Las escuchar permitieron la posterior imputación de tres abogados que “formaban parte del núcleo de la organización criminal”, agregó Garzón.
Este miércoles, el testigo policial avaló estos dichos de Garzón. “Cuando recibimos el mandamiento judicial, al leer el texto, decía literalmente ‘previniendo el derecho de defensa’, que a nuestro juicio necesitaba una explicación”, dijo Manuel M.T.
“Le pedí que me aclarara esa frase y el magistrado me indicó que dispusiera las escuchas, las conversaciones relevantes, que el derecho de defensa lo asumía él a la hora de valorar lo que pudiera afectarlo o no", completó el testigo.
El juicio se reanudó con la declaración del abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, autor de la querella contra el magistrado, y defensor de uno de los principales implicados en el caso Gürtel, el empresario José Luis Ulibarri.
Este es el primero de los tres juicios que deberá afrontar el magistrado, suspendido de sus funciones en mayo 2010, después de haber perseguido al dictador Augusto Pinochet, a ETA y a empresarios y políticos corruptos, así como haber sido el primer juez en investigar los crímenes de la dictadura franquista.
La próxima semana, el 24 de enero, el juez deberá regresar al Supremo para ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo.
El magistrado cuenta con una plataforma de apoyo, “Solidarios con Garzón”, que denunció una motivación política detrás de estos “juicios de la vergüenza”.
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, conocido defensor de los juicios por los crímenes del franquismo, aseguró en reiteradas ocasiones que “la sala penal del Supremo –que juzga a Garzón- es un instrumento del fascismo español”.
La sala segunda está ingresada Joaquín Giménez, presidente, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo; y Luciano Varela y Manuel Marchena, estos dos últimos recusados al inicio del juicio por “imparcialidad” debido a que son quienes instruyen las otras causas en su contra en el Supremo.
Varela, responsable de la causa del franquismo, es “cómplice de las torturas del franquismo”, según Villarejo.
Antes de ser suspendido en sus funciones, el propio Garzón denunció que el PP, el partido del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, había orquestado una campaña de desprestigio y persecución en su contra.
Actores, intelectuales y políticos de izquierda apoyan al magistrado, que también cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo.