Cuestionan el sistema de protección de testigos en Santa Fe
Patricia Isasa, primera denunciante de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la capital santafesina y principal testigo en la causa Brusa, criticó la política provincial de derechos humanos y calificó de "ineficiente" al sistema de protección de testigos.
Isasa también se refirió al crimen de Silvia Suppo, testigo en la causa Brusa, y aseguró que las salidas transitorias otorgadas a los condenados por represión en la dictadura son una "barbaridad".
En declaraciones a Télam, recordó: "En el año 1998, en soledad, le pedí el juicio político al magistrado federal Víctor Brusa".
En ese marco, añadió: "En el 97 realicé un gigantesco trabajo de investigación. En setiembre del ´98 viajé a España, presenté todo ante el juez Baltasar Garzón y el magistrado pidió inmediatamente la captura internacional de Brusa a Interpol".
"En setiembre de 2001, el mismo juez pidió la extradición de 18 personas, seis represores de Santa Fe y doce de la ESMA", añadió.
"Inmediatamente, Brusa presentó un hábeas corpus, la justicia comenzó a tomarle declaración, lo fueron a buscar a su domicilio y se fugó. Lo mismo pasó con el ex agente secreto policial Eduardo `El Curro´ Ramos, mientras que otros se presentaron ante las autoridades", indicó.
"Recién unos 10 días después se entregó Ramos y lo hizo en el Arzobispado de Santa Fe, en ese entonces a cargo de monseñor Gabriel Storni. Paralelamente, Brusa fue detenido en Buenos Aires y la ex guardiacárcel María Eva Aebi se presentó detenida y quedó a disposición de la justicia", repasó Isasa.
Luego, advirtió que "a esta gente, verdaderos asesinos seriales, ahora el Tribunal Oral Federal les dio salidas cada 15 días sin restricciones", lo que -añadió- representa "un riesgo altísimo, porque ya se fugaron antes".
"Es gravísimo. ¿Cómo no se trabaja desde la Secretaría de Derechos Humanos con información que tienen testigos y querellantes?", resaltó.
En ese marco, indicó: "¿Cómo no se hace una mesa de trabajo, cómo no hay un protocolo de actuación que coordine el Juzgado Federal, Ministerio Público Fiscal, Secretaría de Derechos Humanos, Programa de Protección de Testigos, y los psicólogos que asisten a los testigos y querellantes. Así se trabaja en el gobierno nacional", destacó.
Luego hizo mención al programa de protección a testigos en Santa Fe y destacó: "Mi sensación es que no tiene programa o aplica una política errática".
"Los socialistas no tienen política de Derechos Humanos, por eso pusieron antes al frente de esa área a Rosa Acosta –de bochornosa administración- y ahora pusieron a un joven abogado de Derechos Humanos. Realmente hacen agua", agregó.
Sostuvo que "no es válida la excusa de que recién asumen, porque por un lado en lo administrativo heredan la estructura ya armada y funcionando, y en cuanto a política, debieron presentar un plan de acción de gobierno cuando se postularon para las elecciones un año atrás. Lo que pasa es que son improvisados, sin política de Derechos Humanos".
"Los socialistas no tienen política de Derechos Humanos. En 30 años de democracia, no desarrollaron cuadros políticos, ni de conducción, ni de trabajo", aseguró.
Señaló que "no nos informan a los testigos y querellantes, tenemos nosotros que llamarlos a ellos, es una vergüenza", y añadió que "reclaman del Poder Judicial cosas que ellos mismos no hacen con nosotros. No me llamaron, ni a mis testigos, ni a mis abogadas".
"Ya pasó lo de Silvia Suppo y no la protegieron. Cuando ocurrió el crimen, salieron a decir `ella no quiso` que la protejan, pero yo digo: ¿no se les planteó que podía haber riesgo? No hicieron nada, siempre detrás de los hechos, nunca hacen prevención", se quejó.