Lacras
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tiene previsto celebrar en la segunda quincena de septiembre el segundo juicio oral contra los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.
"Hay cuestiones pendientes que se están diligenciando, especialmente incidencias en otros tribunales, pero confiamos en que todo termine rápidamente para empezar en septiembre", aseguró a la prensa el titular del tribunal, Gabriel Casas.
En la causa relacionada con el funcionamiento del centro clandestino de detención que funcionó en la ex jefatura de Policía de Tucumán están imputados, además de Bussi y Menéndez, los ex militares Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, así como los ex policías Roberto "El tuerto" Albornoz, María Guerra, y los hermanos Luis y Carlos de Cándido.
En el proceso, impulsado para determinar qué sucedió con 17 víctimas, el defensor de Menéndez, Horacio Guerineau, solicitó que sean citados como testigos los ex ministros de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, Antonio Cafiero (Economía) y Carlos Ruckauf (Trabajo) por haber refrendado el decreto 261/75.
El decreto, además de haber dispuesto la puesta en marcha del denominado "Operativo independencia" en Tucumán, ordenaba "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos".
Mientras tanto, la fiscalía -que impulsará la acusación contra los imputados- ofreció los testimonios del escritor Ernesto Sábato y de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quienes integraron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que elaboró el informe denominado "Nunca más".
El 28 de agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a Bussi y a Menéndez a reclusión perpetua por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
No obstante, desde entonces, Bussi continúa sujeto al régimen de prisión preventiva bajo detención domiciliaria (lo mismo sucede con Menéndez, pero en Córdoba), porque el Tribunal Oral decidió diferir para cuando la sentencia quede firme (ambos imputados la recurrieron) la determinación de la forma en que deberá cumplirse la pena impuesta.
En la sentencia, el tribunal concluyó que, a diferencia de lo que durante las audiencias de debate sostuvieron Bussi y Menéndez, durante los años 70, "no existía una guerra en la Argentina, sino un aparato estatal montado para ejercer el terrorismo".
Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.
Por su parte, Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia.