España limitará operaciones en efectivo y reducirá el número de empresas públicas
El Gobierno español anunció hoy un nuevo plan anticrisis, que contempla medidas para achicar aún más la estructura del conjunto del Estado y una ofensiva contra el fraude fiscal, con la que se busca recaudar más de 8.000 millones de euros durante este año.
Como parte del endurecimiento de la lucha contra la evasión, el Ejecutivo limitará el pago con dinero en efectivo en determinadas transacciones, medida que ya aplican países como Francia y Alemania, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Este plan, dijo Sáenz de Santamaría tras la tercera reunión de gabinete del presidente Mariano Rajoy, buscar hacer aflorar 8.171,7 millones de euros de la economía sumergida o "negra" de España, como parte del objetivo de hacer frente a la presión de los mercados.
La funcionaria destacó también que será de gran importancia la información que puedan aportar países que han dejado de ser paraísos fiscales como Andorra, Bahamas y las Antillas Francesas.
No obstante, la prioridad del nuevo gobierno sigue siendo achicar la estructura y el gasto del Estado para poder cumplir con los objetivos de déficit fiscal comprometidos con la Unión Europea (UE), que ya no se cumplirán para 2011.
Los datos oficiales indican que el año pasado cerrará con un 8% de déficit sobre el PBI, dos puntos más del 6% estipulado, en tanto que para 2012 el objetivo es reducir el déficit al 4,4%.
La semana pasada el Ejecutivo anunció un primer gran recorte del gasto público de 8.900 millones de euros, así como un aumento de la recaudación impositiva de 6.300 millones en base a la subida del IRPF (Impuesto a las Personas Físicas, equivalente a Ganancias) y del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
Ahora, Sáenz de Santamaría instó a las administraciones públicas, especialmente a las comunidades autónomas, a que “adelgacen al máximo” su estructura porque “la responsabilidad es de todos”.
En ese sentido, la vicepresidenta informó que el Gobierno convocó para este mes al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que integra junto con los gobiernos autónomos, para examinar la situación de las empresas públicas estatales cuya dimensión busca reducir.
El mencionado Consejo revisará un informe aprobado en 2010, cuyo objetivo era eliminar 515 entidades públicas y altos cargos, ya que hasta el momento sólo se han suprimido un total de 69, equivalentes al 13% del total.
Otro estudio de Hacienda analizado hoy cifra en 4.000 los organismos, fundaciones y consorcios públicos que serán sometidos al “tijeretazo”.
En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Rajoy presentará una ley que establecerá los “techos de gasto, de endeudamiento y cumplimiento de déficit de las comunidades autónomas”, sostuvo Sáenz de Santamaría.
De esa forma, se refirió a unas declaraciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, quien en una entrevista con el diario británico Financial Times señaló que el gobierno iba a controlar las cuentas de las autonomías, lo que ha desatado una virulenta oposición de estas comunidades, con Cataluña a la cabeza, puesto que pondría en cuestión los autogobiernos regionales.
Al grave panorama que afronta España, con un desempleo de casi 5 millones de personas, el 21,5% de la población activa, y pronósticos de recesión, se sumó hoy un nuevo dato negativo.
El gobierno reveló que el sistema de Seguridad Social -uno de los pilares del Estado de Bienestar- cerró 2011 con un déficit de 668 millones de euros, 0,06% del PIB, frente a la previsión del gobierno socialista de un superávit del 0,4%.
“La realidad es más dura de lo que pensábamos”, por lo que las medidas que aplicará el gobierno “también lo serán”, remarcó la vicepresidenta española, quien, no obstante, garantizó que el gobierno pagará las pensiones.
Por otra parte, el gobierno anunció que pedirá al Banco de España “por carta” que se pronuncie sobre la adecuación de las retribuciones de los directivos y altos cargos de entidades financieras que han sido intervenidas, debido al rechazo social que generó este tema entre los ciudadanos.
Mientras España busca una salida de la crisis, una encuesta publicada hoy por el diario El Mundo revela que seis de cada diez españoles (58,1%) se sienten “engañados” por el presidente Rajoy, quien tras asumir su cargo incumplió una de sus principales promesas, que era no subir los impuestos.
En tanto, el prestigioso CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) reveló que la mayoría de los ciudadanos (52,4%) prefiere políticas de inversión pública y servicios sociales, aunque haya que pagar más impuestos, a las políticas de reducción de déficit y de deuda (23,2%).