Iguales
En la sesión del miércoles pasado de la Legislatura de Córdoba, se rehabilitó mediante la nota correspondiente, un proyecto de ley que exige la institución de una sistema de protección integral de las personas transplantadas, tendientes a asegurar el acceso a los derechos sociales y la posibilidad de un acceso laboral al sector público o privado.
Asimismo, por medio del artículo dos del proyecto de ley del legislador del bloque Unión Vecinal Federal José Maiocco, se establece que el transplante no será causal de impedimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.
Otro de los artículos dispone que los empleadores que concedan empleo a personas transplantadas, gozarán de una deducción especial en el impuesto o tasa, que el gobierno provincial reintegrará como un crédito fiscal.
Además, el proyecto de ley rehabilitado el miércoles pasado, indica que las personas transplantadas que deban concurrir a los establecimientos médicos para realizarse controles o rehabilitación podrán solicitar ante la Dirección General de Transporte un pase que los habilite para el uso gratuito de tales servicios.
El proyecto del legislador Maiocco exige al Ministerio de Salud de la Provincia que implemente un Programa de Atención Psicológica y/o Psiquiátrica a fin de brindar cobertura a los transplantados y a sus familiares directos. Los gastos que demande ese programa serán atendidos con fondos asignados al presupuesto del Ministerio.
El desencadenamiento de las patologías llamadas de “catástrofe”, que implica la indicación de transplante de órgano o tejido, impacta sobre todas las áreas de la vida del sujeto, modificando la dinámica y la estructura del grupo familiar. Al sufrimiento producido por los tratamientos se suman el aislamiento y la perdida de oportunidades laborales o de empleos, deserción del sistema educativo y deterioro del hábitat.
Un paulatino desmembramiento se instala en la red del soporte social que contiene al paciente y de no mediar una oportuna detección y atención integral, las consecuencias originadas por la patología incidirán sobre el post-transplante, impidiendo alcanzar el objetivo esencial del tratamiento, el logro de una mejor calidad de vida.
A la precariedad laboral reinante en las sociedades post-modernas se suma el estigma de la enfermedad que disminuye aún más las posibilidades de inserción en un mercado cada vez más competitivo. La imagen de un paciente transplantado se aleja del prototipo de trabajador que plantea el modelo de sociedad actual.
Por lo tanto, la recuperación de la salud y calidad de vida deben ser acompañadas con estados de bienestar social y obtención de beneficios que brinda el sistema laboral, de allí la importancia de la inserción dentro del mismo.
El Estado debe velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas con transplantes, incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarlas a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos.