Álgida discusión entre legislador y ONGs
“No nos estamos escondiendo. Vayan a la Comisión de Asuntos Constitucionales (presidida por Domingo Carbonetti), y no los atenderán”, cargó el titular de Economía, Dante Heredia comparando la paciencia de unos y otros dentro del Poder Unicameral. “No se enoje, agilice”, contraatacó unas de las personas que pertenecen a una de las organizaciones presentes en tan acalorada reunión (Ver Video).
La comisión de Economía del Poder Unicameral continúa tratando desde hace un prolongado tiempo dos proyectos de ley, iniciados por los 
legisladores Dante Heredia (UPC) y María Taquela (FN), respectivamente; y que tienen en común reformar el Código Tributario para extender las exenciones subjetivas en aquellos inmuebles afectados a loteos de interés social, destinados a viviendas que pertenezcan a familias de escasos recursos.
El despliegue de numerosos carteles durante el cónclave y que decían cosas como “La ley Urgente”, “Se acabó nuestro tiempo”, “Queremos la Ley Heredia” y particularmente el que rezaba: “Basta de mentiras”, engranó de manera visible al -Delasotista-.
El inconveniente
Un grupo de organizaciones sociales iniciaron gestiones en el 2003 preocupadas por el endeudamiento impositivo de los loteos sociales. Elevadas valuaciones fiscales tienen la mayoría de estos loteos, por sus localizaciones en el entramado urbano (***). “Esto ha generado un aumento en el costo del impuesto inmobiliario urbano. En la actualidad se han acumulados deudas, que directamente resulta imposibles que sean soportadas”, afirman los reclamantes a través de un documento aclaratorio.
“Por ello, se requiere con urgencia una ley que aborde y resuelva este grave problema social y urbano, de mayor magnitud en la ciudad de Córdoba, pero que también está presente en el interior provincial”, añade el documento.
También aducen estas organizaciones encabezada por Marcela Rodríguez, que la imposibilidad de fraccionamiento y subdivisión de los loteos (debido a la inexistencia de programas estatales de provisión de 
obras de infraestructura y de ordenamiento urbano), impide la regularización urbana y legal de numerosos planes de viviendas impulsados por estas organizaciones comunitarias.