Sin Intimidación pero Con Delitos
La Justicia de control anuló la acusación por “intimidación pública” contra 18 gremialistas de Luz y Fuerza y del Suoem, que se manifestaron en contra de la ley de emergencia previsonal ocasionando desrozos en el centro de la ciudad.
No obstante esto el juez Gustavo Reinaldi consideró que durante el transcurso de los sucesos relatados en la acusación "se cometieron una cantidad de delitos particulares que pueden encuadrarse en diferentes tipos penales".
Estos delitos pueden ser; daños a bienes públicos y privados, lesiones, agresiones y resistencia a la autoridad, entre otros, que “son jurídica y materialmente escindibles y que no pueden ser contenidos en un único relato”.
En este sentido el juez apuntó que estas acciones, "aunque tengan lugar en oportunidad de una convocatoria masiva, son individuales".
"Todas esas conductas delictivas deben ser investigadas, determinadas individualmente y eventualmente establecida la responsabilidad que a cada uno corresponda en oportunidad del juicio", explicó el magistrado.
El fiscal de instrucción Enrique Gavier había acusado a los 18 gremialistas por “intimidación pública” al haber protagonizado hechos de violencia durante la protesta del 20 de Agosto del año pasado luego de que la legislatura aprobara las modificaciones a la ley previsional.
Ayer, el juez Reinaldi consideró que la conducta atribuida por el fiscal a los dirigentes sindicales no encuadra en la figura de intimidación pública, prevista en el artículo 211 del Código Penal.
Pero la resolución admite que la manifestación realizada el 20 de agosto alteró la normalidad de la ciudad y provocó un estado de “temor público”, de “perturbación social”.
También agrega que cada una de las conductas que lesionaron efectivamente el patrimonio público y privado, que amenazaron la vida o integridad física de las personas o realmente concretaron esas lesiones, deben considerarse "incuestionablemente delictivas".
Como conclusión el juez Reinaldi sostiene que "tampoco sería lícito ni deseable restringir derechos constitucionalmente amparados (como el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, de opinión, etc) con el argumento de que generan contextos propicios para la comisión de delitos", pero los delitos que se cometan en la oportunidad han de ser investigados y sus autores individualizados y llevados ante un Tribunal de Juicio.
De los 18 gremialistas, 16 de Luz y Fuerza y 2 del Suoem, quienes son defendidos por los abogados Martín Fresneda, Claudio Orosz y Miguel Ortiz Pellegrini quienes habían presentado un recurso de “oposición al pedido de elevación a juicio y la nulidad de la pieza acusatoria del fiscal”.
Ahora, el fiscal Gavier tiene tres días para apelar la resolución ante la Cámara de Acusación o no apelar y dejar que la sentencia quede firme.
En este último caso, se dictaría el sobreseimiento de todos los involucrados.