Luchemos por la Vida
Los legisladores del bloque de Unión por Córdoba en la Legislatura de Córdoba, Emilio Graglia y Daniel Passerini, presentaron un proyecto de ley para prohibir en todo el territorio de la provincia, la comercialización, instalación y utilización de todo sistema electrónico o mecánico, o método artesanal o industrial, cualquiera sea su tipo, que detecte, neutralice, impida o inhiba el funcionamiento de los sistemas de comprobación.
El exceso de velocidad es la principal causa de accidentes de tránsito y muertes en todo el país. En los últimos años, entre siete y ocho mil personas en promedio por año han muerto en accidentes viales. Lamentablemente, Córdoba no es la excepción y está afectada también por esta terrible problemática.
Sin embargo, en nuestra provincia, con la reimplementación de los controles por parte de la Policía Caminera se han reducido las cifras de víctimas por accidentes en las rutas cordobesas.
Algunas de las medidas para lograr tales resultados, que pueden ser calificadas de insuficientes pero no se puede negar que son alentadoras, van desde las medidas de concientización, los controles en las rutas de las medidas de seguridad de los vehículos, el control de velocidades máximas por medio de radares, entre otras.
Los radares tienen un poderoso efecto disuasorio sobre la principal causa de accidentes que es la alta velocidad, y sobre otras infracciones. Sin embargo, se han detectado situaciones en las que, sin incurrir en ilícito, por falta de regulación, las personas implementan o utilizan mecanismos destinados a evadir los controles.
Estas tácticas van desde las láminas de acrílico colocadas sobre las patentes para evitar que los números sean identificables por vía fotográfica o fílmica, hasta los detectores o inhibidores de radares, utilizados para advertir o neutralizar la medición realizada por cinemómetros.
Si bien la ley de tránsito prohíbe la colocación de aditamentos en las patentes de los vehículos, nada dice acerca de la utilización de aparatos electrónicos que alertan al conductor que está siendo medido por un cinemómetro, lo que le permite disminuir la velocidad antes que la infracción sea cometida, o de aquellos que directamente neutralizan la señal de radio o de láser de ese aparato, provocando un error en la medición.
Por lo tanto, el proyecto de los legisladores oficialistas apunta a cubrir este vacío legal y posibilitar que las autoridades puedan sancionar estas conductas. Para ello, la iniciativa prohíbe la comercialización, instalación y uso de cualquier método que impida el funcionamiento de los sistemas de comprobación destinados al control del exceso de velocidad.
A decir verdad, no debería hacer falta la sanción de esta ley ni de ninguna otra, porque la gente debería entender que las medidas de control que se toman en las rutas cordobesas son para la protección de sus propias vidas. Por lo tanto, en lugar de evadir esas medidas, deberían colaborar para que se eviten tantas muertes innecesarias.
Siempre lo más fácil es echarle la culpa al gobierno de turno, pero nunca somos capaces de reconocer que cuando por fin se toman las medidas correctas para contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso tratando de disminuir las muertes por accidentes de tránsito, nos las ingeniamos para eludirlas.