Decisivo
La Cámara Federal concedió un recurso interpuesto por la defensa del ex agente de inteligencia Alfredo Ruffo contra la resolución que le denegó la excarcelación, por lo que será la Cámara Nacional de Casación Penal quien decida si el represor recupera, o no, la libertad hasta que se realice el juicio oral y público.
Los camaristas de la Sala I Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero accedieron al recurso interpuesto por la defensa del ex colaborador de los represores Aníbal Gordon y Raúl Guglielminetti para que el máximo tribunal en lo penal revise la resolución al equiparar la denegatoria de la excarcelación a una "sentencia definitiva", requisito que habilita la vía casatoria.
Ruffo, el general Eduardo Rodolfo Cabanillas, el coronel Rubén Visuara, el comodoro Néstor Guillamondegui, los ex agentes de la SIDE Horacio Martínez Ruiz y el ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Gulielminetti ("Mayor Guastavino"), están procesados por su actuación en el centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orteletti".
Los procesamientos se dictaron en el expediente en el que el juez federal Daniel Rafecas investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, una de las "megacausas" reabiertas tras la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto final.
Los ex militares y agentes de inteligencia fueron responsabilizados por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de torturas en 65 casos de los cuales la mitad correspondía a ciudadanos de nacionalidad uruguaya.
A los represores también se les imputa el homicidio agravado por alevosía de media docena de víctimas, entre ellas Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, cuyos restos fueron hallados en el fondo de un canal en San Fernando, con un disparo en la cabeza, en tambores rellenados con cemento.
Se estima que por "Orletti" pasaron unos 200 detenidos, muchos de nacionalidad uruguaya, ya que el taller mecánico ubicado en Venancio Flores y Emilio Lamarca, funcionó como una de las bases operativas del denominado "Plan Cóndor", por el cual las dictaduras latinoamericanas coordinaron su acción represiva ilegal tendiente a eliminar a sus opositores políticos.