Como tiene que ser
La Cámara Federal denegó la excarcelación a un ex policía acusado por mas de una veintena privaciones ilegales de la libertad a prisioneros que se hallaban ilegítimamente alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Comisaría Tercera de Morón, Seccional Castelar; durante la última dictadura militar.
La medida recayó en el represor Héctor Oscar Seisdedos, quien se desempeñaba como cabo primero en esa dependencia.
Esta decisión ratifica la resolución dictada en primera instancia por el juez federal Daniel Rafecas en el marco de la "megacausa" en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, con la intervención del secretario Sebastián Casanello; afirmaron que "puede suponerse fundadamente" que el imputado "podría entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar su libertad".
Si bien los jueces coincidieron con el principio que establece que mientras dure el "estado de inocencia", es decir hasta que una sentencia firme diga lo contrario, los imputados pueden gozar de la libertad; afirmaron que ello no ocurre cuando exista "peligro de fuga" o de entorpecimiento de la actividad judicial.
Los magistrados basaron su negativa a otorgar el beneficio en que "existen elementos concretos que hacen suponer que existen riesgos procesales que impedirían de momento, cuando recién se inicia la investigación en su contra, conceder la excarcelación", tal como lo había sostenido Rafecas.
"Debe ponerse principal atención en las características de los hechos y la modalidad de comisión que conforman la base de imputación”, señalaron. Además los jueces ponderaron "la absoluta clandestinidad con que se efectuaban los hechos por los que se lo indagó (uso de apodos, falta de registros, zonas liberadas negativa de información), sumado a la complicidad de innumerables personas".
En ese sentido los camaristas añadieron que esas conductas han "impedido que, a pesar del tiempo transcurrido desde los sucesos, se cuenten con las pruebas que permitirían reconstruir todos los aspectos penalmente relevantes del aparato de poder represivo del que el imputado habría sido parte".