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El miércoles pasado tomó estado parlamentario en la Legislatura de Córdoba, un proyecto de ley que busca crear el Colegio Profesional Odontológico de Río Cuarto, que tendrá su sede en esa ciudad y ejercerá su jurisdicción en el territorio del Departamento Río Cuarto.
La iniciativa, cuyo autor es el legislador del bloque de la Unión Cívica Radical, Dante Rossi, propone la creación de un colegio profesional para ejercer el control de la matrícula y el poder disciplinario sobre los odontólogos que desempeñan su actividad de manera habitual o esporádica, en el ámbito geográfico del Departamento Río Cuarto, con la posibilidad de ampliar su jurisdicción.
El proyecto de ley expresa que los deberes y atribuciones del Colegio son, entre otros, velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley en cuestión; ejercer el gobierno y control de la matrícula, propiciar el régimen de aranceles mínimos éticos obligatorios; fijar y recaudar el monto de inscripción en la matrícula y de la cuota periódica que deben abonar los profesionales matriculados; fiscalizar el correcto ejercicio de la actividad profesional; asesorar a los poderes públicos en asuntos de cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio profesional.
Asimismo, el proyecto dispone que el patrimonio del Colegio Profesional se integrará con los importes provenientes del pago del derecho de inscripción y reinscripción en la matrícula y de la cuota periódica obligatoria que deben abonar todos los profesionales matriculados; los importes provenientes de las multas aplicadas; las rentas que produzcan los bienes del Colegio; entre otros.
También, la iniciativa establece los órganos de gobierno del Colegio, que son la Asamblea de Matriculados, el Consejo Directivo, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Ética y Disciplina Profesional.
La Asamblea constituye el órgano máximo de gobierno y será integrada por todos los profesionales matriculados en la jurisdicción y se realizan con la participación directa con voz y voto de todos los colegiados. Para que sesione, la Asamblea requiere de la presencia del cincuenta por ciento de los colegiados, y las resoluciones se toman por mayoría.
Por su parte, el Consejo Directivo se compone, según la iniciativa, de un presidente, un tesorero, un pro tesorero, siete secretarios titulares y cinco suplentes que estarán en sus funciones durante dos años y podrán ser reelectos una vez de manera consecutiva.
La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, quienes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos una vez de manera consecutiva.
Y el Tribunal de Ética y Disciplina Profesional ejercerá la potestad disciplinaria sobre todos los profesionales matriculados, cuyo efecto conoce y juzga las transgresiones a esta Ley, su reglamentación y el Código de Ética, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Además, actúa a través de la solicitud de la autoridad judicial o administrativa por denuncia de terceros o por el requerimiento del Consejo Directivo.
Este Tribunal estará conformado por tres miembros titulares y tres suplentes que reemplazarán a aquellos en casos de vacancia, impedimento, excusación o recusación. También, el proyecto aclara que sus miembros no pueden integrar simultáneamente los otros órganos del gobierno del Colegio.
La iniciativa exige una determinada modalidad para la elección de las autoridades de los Órganos de Gobierno, que consta del voto directo, secreto y obligatorio de todos los profesionales matriculados, el establecimiento de listas completas y separadas para cada órgano, y se aclara también que para poder integrarlos, los postulantes deben estar ejerciendo la profesión y tener una antigüedad de tres años en ejercicio, no adeudar cuotas periódicas y no hallarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad.
El proyecto del legislador radical, se circunscribe a dos materias esenciales y exclusivas, es decir, el control de la matriculación profesional y el ejercicio del poder disciplinario sobre los odontólogos que ejerzan su profesión en Río Cuarto.
Además, Rossi aseguró que la estructura normativa propuesta satisface la necesidad de descentralización del gobierno provincial al facilitar la creación de un organismo destinado al control de la matrícula, a velar por la conducta ética de la profesión de odontólogo, a combatir el ejercicio ilegal de ella y, en definitiva, a garantizar el más correcto ejercicio para beneficio de la población en general.