Reinserción
El miércoles pasado, en la Legislatura de Córdoba, tomó estado parlamentario un proyecto de ley que tiene por finalidad garantizar el acceso al trabajo de las personas con condena agotada que hayan recuperado su libertad, los liberados condicionalmente, los procesados con prisión preventiva que hayan sido excarcelados, habiendo estado presos por un plazo menor a un año, entre otros.
La iniciativa, cuya titular es la legisladora del bloque Peronismo Militante-Partido Comunista, Nadia Fernández, dispone que la administración pública provincial, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado, están obligados a emplear a personas que se encuentran en alguna de las situaciones descriptas, en una proporción no inferior al dos por ciento de la totalidad de su personal.
Asimismo, el proyecto establece que las empresas que empleen personas en tales condiciones, gozarán de una reducción de sus contribuciones al Sistema de Seguridad Social, que consistirá en una exención parcial equivalente a la tercera parte de las contribuciones vigentes.
Según la iniciativa de Fernández, la Dirección del Patronato del Liberado junto con el Ministerio de la Producción y el Trabajo coordinarán con la Dirección del Servicio Penitenciario de la Provincia el modo de establecer articulaciones entre la formación y experiencia laboral que reciban las personas durante el cumplimiento de su condena y las posibilidades de inserción laboral en la vida libre.
A estos efectos se promoverán capacitaciones laborales al interior de las Instituciones carcelarias para lo cual podrán realizarse convenios con la Universidad Nacional y Empresas interesadas.
Por otro lado, la iniciativa indica que la autoridad de aplicación del proyecto de ley será el Ministerio de la Producción y el Trabajo, que deberá fiscalizar la ocupación efectiva de los puestos de trabajo y cada cuatro meses deberá informar al Patronato del Liberado el desempeño de los trabajadores que los ocupen.
La legisladora Fernández reflexiona, en los fundamentos de su proyecto, acerca del objetivo real de toda política penitenciaria. Esto es, “debe tener como finalidad a la persona sobre la que se aplica, y por consiguiente, la búsqueda de su reinserción social una vez cumplida su deuda para con la sociedad”.
La legislación vigente ratifica el inalienable derecho al trabajo que tiene cada persona, aún encontrándose privada de su libertad. Por lo tanto, el proyecto de ley de Fernández “pretende contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través de fortalecer el acceso efectivo al trabajo digno”, expresan los fundamentos.
Además, la legisladora sugiere que la propuesta sea complementada a través de los programas de capacitación laboral y trabajo de las personas privadas de libertad, promoviendo sus iniciativas y acompañando sus esfuerzos que involucren a su entorno familiar e integrando a los ministerios de trabajo, instituciones públicas y privadas de capacitación laboral, y a las empresas y asociaciones privadas.