¿Enojado por algo?
En el marco de la cuestión de privilegio que el bloque del Frente Cívico de la Legislatura de Córdoba, inició contra Carbonetti, por supuestas violaciones al artículo 88 de la Constitución Provincial y a los artículos 3 y 3 bis de la ley 5805, el ex fiscal de instrucción de Huinca Renancó había presentado nuevas pruebas a las denuncias ya efectuadas.
Ahora se trata de esas mismas pruebas, sólo que esta vez Colazo las presentó ante Tribunales II. Carbonetti es acusado de violar la ley de Colegiación Obligatoria, en sus artículos 3 y 3bis, que prohíbe que un abogado siendo legislador y miembro titular del JURY ejerza la profesión. Carbonetti es miembro del Jury desde el año 2006.
Además, el artículo 88 de la Constitución Provincial establece que ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra del estado, la provincia o los municipios. En ese sentido, Colazo reclama la actuación del legislador como Fiscal en Bell Ville mientras se desempea como legislador y miembro del JURY.
Las pruebas son, entre otras, el divorcio entre el ex gobernador José Manuel De la Sota con Olga Riutort en el que Carbonetti era el abogado de una de las partes; la causa de Aroldo Settimio Fortuna en la que declaró su quiebra.
También ofreció como prueba los testimonios que se vertieron durante el proceso de destitución de Colazo como Fiscal de Huinca Renancó, que se llevó adelante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba (JURY).
Asimismo, Colazo requiere que se solicite como prueba los aportes realizados por el abogado Domingo Carbonetti a la Caja de Jubilaciones para Abogados y Procuradores de Córdoba, y demanda que se tenga en cuenta a su vez si el legislador se encuentra en situación activa para litigar.
En la nota en la que Colazo presentó la denuncia en Tribunales II, expresó que “no existen dudas que Carbonetti, como Fiscal de Estado crea un andamiaje jurídico para el recupero de los créditos de la Banca Provincial, y a los pocos meses propicia la ocasión, siendo ya Legislador, para procurar para si, de modo incompatible con el desempeño de la función pública, un cliente de millonaria deuda, interviniendo en la causa hasta la actualidad”.
Al desempeñarse como miembro del JURY desde el año 2006, “implica un ejercicio ilegal de la abogacía, al estar prohibido por el artículo 3 bis de la ley 5805”, indica Colazo en el documento.
Finalmente, expone en la denuncia que “acciones como la del Legislador Carbonetti comprometen seriamente, conductas que a la postre, se evalúan como ilícitas e indignas, de acuerdo a los cánones del honor y consideración que el estado oficial exigir”.
Esto es así, porque según el ex fiscal de Huinca Renancó, debe existir “una relación armónica con los Poderes del Estado, dentro de los cánones que a cada uno le corresponden, y en el marco del Estado de Derecho, que asegure el libre juego de las instituciones, compromiso del Poder Judicial y del Legislativo en orden a la designación y remoción de magistrados”.