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Presentaron nuevas pruebas y nuevos cargos, en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de Córdona, para sustentar la cuestión de privilegio en contra del legislador de Unión por Córdoba, Domingo Carbonetti, iniciada por el bloque del Frente Cívico.
La nueva acusación contra Carbonetti es por la violación de las incompatibilidades constitucionales establecidas en el artículo 87 inciso 1 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que se suman a las supuestas violaciones al artículo 88 de la constitución provincial y al artículo 3 bis de la ley 5805 que establece que si un legislador integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, no puede ejercer la profesión de abogado.
El artículo 87 establece las incompatibilidades del cargo de legislador; y el inciso uno prohíbe a los legisladores “el ejercicio de función o empleo a sueldo en el Gobierno Federal, las provincias o los municipios, con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple, y las comisiones honorarias eventuales para cuyo desempeño se requiere autorización previa de la legislatura”.
La incompatibilidad que destaca el Frente Cívico, de parte de Carbonetti, reside en el cargo que ocupa como Fiscal en la ciudad de Bell Ville, “que viola esa norma, pues esa función municipal resulta incompatible con el cargo de legislador”, indica la nota que ingresó ayer por la mañana en la comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de Córdoba.
El decreto municipal que declara a Carbonetti fiscal de esa localidad cordobesa, dispone que la función deberá ejercerse ad honorem. Sin embargo, el bloque juecista señaló que pese a no cobrar sueldo, la incompatibilidad existe de todas maneras.
Esto es así, según el FC, porque “el uso de la conjunción disyuntiva ‘o’ (del inciso) denota diferencia o alternativa entre dos cosas o ideas. Lo que significa que el ejercicio de la función de fiscal en la ciudad de Bell Ville resulta incompatible con el cargo de legislador”, y la retribución que se menciona en el inciso, en este caso, no contraría la denuncia porque “es una exigencia para los empleados”.
Además, el bloque juecista solicitó como prueba la fotocopia completa del juicio caratulado “Flores Miguel Angel y Fortuna Aroldo Settimio, defraudación por administración fraudulenta”, que se tramitó en la ciudad de Huinca Renanco.
También requirieron como prueba la última declaración de bienes presentada en la Unicameral por el legislador Carbonetti.
Por otro lado, en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura llegaron dos informes respecto a lo solicitado por Unión por Córdoba en el marco de la cuestión de privilegio que este bloque inició contra el legislador del FC, Miguel Ortiz Pellegrini.
Se trata de la causa caratulada “Avedaño Didimo Oscar y otros contra Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba”, donde supuestamente Ortiz Pellegrini había actuado como abogado mientras ejercía su función de legislador.
La respuesta, por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba Aida Tarditti, reflejó que Ortiz Pellegrini fue el letrado patrocinante en esta causa y no revocó ni renunció el poder.
La causa se inició el 25 de septiembre de 2007 y actualmente se encuentra en estudio de los vocales a los fines de resolver la admisibilidad del recurso extraordinario iniciado por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en diciembre de 2008.
Asimismo, Tarditti respondió sobre la causa “Alves Mario Sergio contra la Provincia de Córdoba” y “Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba contra Gobierno de Córdoba”. En estos fallos no existen constancias de la intervención de Ortiz Pellegrini.