Justicia

A raíz de la decisión de la Cámara Federal de Córdoba, que revocó por unanimidad la prisión domiciliaria del represor Luciano Benjamín Menéndez, que había sido otorgada por la jueza de primera instancia, Cristina Garzón de Lascano; la agrupación H.I.J.O.S envió un comunicado celebrando el fallo.

“Cuando conocimos la  decisión del Juez Sanjuanino Rago Gallo, que al igual que la Jueza Garzón de Lascano, otorgaban el arresto domiciliario para Menéndez, la indignación nos movilizó. No podíamos permitir que después de tres décadas de lucha para alcanzar un juicio justo, el gran genocida volviera a su casa. Resultaba incomprensible, no se podía tolerar”, expresa el comunicado.

En este marco, organismos de derechos humanos, convocaron a marchar y llegar hasta los Tribunales Federales para hacer oír la voz de un pueblo que se negaba a convalidar un elocuente acto de impunidad.

“Fuimos varias veces y en una de ellas presentamos un petitorio firmado por más de dos mil ciudadanos, instituciones, y organizaciones donde solicitábamos a los Camaristas Federales que revocaran la decisión de la jueza”, explica el documento.

Sin embargo, en el medio de estos hechos, un juez de La Rioja frenó la salida de Menéndez en momentos que escracharan su casa de Bajo Palermo.

Esa provincia también era dominio de Menéndez durante la dictadura, y en el juzgado de Daniel Herrera Piedrabuena debe responder por tres causas: una por los homicidios de los sacerdotes Gabriel de Longueville y Carlos de Dios Murias en Chamical; la otra por el asesinato del militante católico Wenceslao Pedernera; y una tercera por secuestros.

“Finalmente hoy salió el fallo de la Cámara. Su decisión está por encima de los jueces de primera instancia y entre sus argumentos recupera muchos de los puntos que le planteamos en el petitorio. Entendemos que fallos de este tipo deben ser celebrados, porque hacen justicia”, enfatizaron los miembros de H.I.J.O,S a través de la nota.

Sin embargo, los integrantes de esta agrupación previenen de la posibilidad que los genocidas acudan a la Cámara Nacional de Casación Penal en Buenos Aires, donde habitualmente cuentan con complicidades varias. “Nosotros seguiremos luchando para mantener a estos delincuentes de lesa humanidad en el único lugar donde caben, la cárcel”, concluyen.