Resucitando
En la sesión de ayer, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad el proyecto de ley propuesto por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que declara de utilidad pública y sujeto a ocupación temporánea el inmueble donde funcionaba el Hospital Español, y de todos los bienes muebles que integran su equipamiento, así como de aquellos que resulten necesarios para reactivar el servicio de salud.
El legislador de Unión por Córdoba, Dante Heredia, explicó el significado de que el Hospital se ocupe por un término de dos años: “se trata de una ocupación de uso por un plazo de dos años, en ese tiempo el Poder Ejecutivo se reserva lo que va a necesitar para continuar con la prestación del servicio de salud. Una vez definido qué parte de este inmueble va a proponer para expropiar, el resto quedará en manso de quien la justicia determine como sus dueños”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud en la Unicameral, el legislador oficialista Norberto Podversich, destacó que no fue fácil “encontrar la solución al problema legal que significa la reapertura del Hospital Español. No ha sido fácil por el espíritu especulativo y financiero que truncaron el objetivo inicial de su creación”.
Asimismo, recordó lo dicho por el Ministro de Salud de la provincia, Oscar Gonzalez, sobre el destino del predio: funcionará como una institución de salud, concretamente un prestador propio de la obra social de la provincia, en el marco de algunos ejes asistenciales como son el fortalecimiento del segundo sector para el APROSS, el fortalecimiento de los servicios materno neonatales, el seguimiento de enfermos crónicos con patologías de alto costo.
En ese sentido, el legislador Podversich dijo que “debemos considerar el auspicioso salto cualitativo de los socios del APROSS al tener su propio hospital, cuando no todas las obras sociales estatales cuentan con su propio hospital”.
El legislador oficialista aprovechó la situación para criticar las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación respecto al virus de la gripe porcina, porque “se sobreactuó con la suspensión de vuelos y la sugerencia de usar barbijos”.
Contrapuso este hecho con Córdoba, donde “la situación se mantiene igual, con un solo caso confirmado”, y celebró las gestiones del ministro González pues mantuvo una actitud “cauta pero responsable”.
Por otro lado, Heredia efectuó un viraje por la historia del Hospital Español, donde entre otras cosas, relató que en el año 2001 “se acepta la propuesta de un grupo inversor, que quizá tenía en mente un negocio inmobiliario y no de prestación de salud. En este escenario no sólo no se cumplió con las obligaciones del contrato, sino que a fines del año pasado los empleados dejaron de percibir sus salarios”.
Heredia prosiguió explicando que es a raíz de este padecimiento de una institución tan prestigiosa en la ciudad de Córdoba junto con la lucha de los trabajadores, que intervino el orden público. “Lo hizo con cordura y responsabilidad, apoyando y tratando de generar situaciones que hicieran reflotar a la institución”, agregó.
Además, el legislador de Unión por Córdoba aclaró que “no fue un proyecto que haya surgido de un gobierno que pretenda resolverle los problemas a los privados cuando entran en quiebra, sino que en este caso, los trabajadores y el Estado provincial junto con la representación de los trabajadores, lograron un acuerdo”.
Concluyó resaltando “la capacidad del Estado provincial para gestionar y promover empresas; la calidad y honestidad de los funcionarios del Ministerio de Salud; la transparencia de la gestión y el cuidado con que los trabajadores han preservado las instalaciones y el equipamiento que allí se ha conservado en todo este tiempo”.
También distinguió “la conciencia, no solamente como clase trabajadora, sino también como ciudadana, porque el pueblo de Córdoba seguramente estará agradecido por la actitud de sus representantes y quizá hay una luz de esperanza de este nuevo estado que se avecina”.
El legislador de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cugat, tras adelantar su voto positivo al proyecto de ley, sugirió que se tuviera en cuenta la situación de los médicos que trabajan como monotributistas en el Hospital; a lo que el legislador del Frente Cívico, César Serra completó arguyendo que “una institución no funciona solamente por tener la estructura y materiales adecuados, sino también por la dedicación y vocación de los médicos que van a trabajar ahí”.
En la nota en la que el gobernador propuso a los legisladores la sanción de este proyecto de ley, expresó que “el funcionamiento del Hospital Español cesó como consecuencia del no cumplimiento de los parámetros legales previsto para la seguridad de los pacientes y del personal que se desenvuelve en él”.
Asimismo, sentenció que ya transcurrió el tiempo “necesario y suficiente” para poder concluir “que el sistema privado no ha podido darle oportunidad de restablecer su funcionamiento y que las condiciones actuales no permiten aventurar un contexto jurídico favorable para ello”.
En este contexto, más de ciento veinte familias de los trabajadores del establecimiento quedaron en condiciones totalmente inciertas, e inundados en una profunda incertidumbre económica y social, provocado por la ambición de un grupo económico que estuvo empeñado en un negocio inmobiliario que “atrapó un recurso asistencial importante y de valioso potencial operativo en el sistema de salud de Córdoba”, prosiguió el documento.
Por lo tanto, probablemente la puesta en funcionamiento en manos del estado, del clausurado Hospital, “sea la única oportunidad que tengan los ciudadanos de seguir contando con un establecimiento asistencial de envergadura y no ver reducido los recursos sanitarios en tiempos de retracción del sector privado de la salud”, concluyó el gobernador en la nota enviada al presidente de la Unicameral, Héctor Campana.
El proyecto de ley establece que la ocupación será durante un lapso de dos años, transcurso en el que el Poder Ejecutivo provincial deberá adoptar los recaudos, instrumentos y procedimientos legales que sean necesarios para garantizar la continuidad de la actividad asistencial.
Asimismo, dispone que la prestación del servicio de salud estará bajo la órbita del Ministerio de Salud y con afectación total o parcial a la Administración Provincial del Seguro de Salud APROSS, como así también a otras actividades asistenciales sanitarias que se consideren pertinentes para su correcto funcionamiento.
Finalmente, la iniciativa autoriza al ejecutivo a incorporar en forma directa a la planta permanente del APROSS al personal que haya cumplido servicios en el Hospital Español.
Los legisladores Silvia Rivero (Concertación Plural), José Maiocco (Unión Vecinal Federal), Omar Ruiz (Coalición Cívica), Modesta Genesio de Stabio (Vecinalismo Independiente), Liliana Olivero (Izquierda Socialista), Nadia Fernández (Peronismo Militante-Partido Comunista), y Pedro Ochoa (Frente para la Victoria), dedicaron palabras de apoyo a la iniciativa que fue aprobada por unanimidad.
Asistieron al recinto de la Legislatura provincial el ministro de Salud, Oscar González; el presidente de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), Rodolfo Rodríguez y trabajadores del Hospital Español.