Cuarto Acto
Ayer comenzó a estudiarse la cuestión de privilegio iniciada por el bloque del Frente Cívico y Social contra el legislador de Unión por Córdoba, Domingo Carbonetti. Los legisladores opositores presentaron las pruebas y se estableció como tiempo máximo para recibir más documentación, el martes 30 de este mes.
Por otra parte, se recibieron los informes de parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, respecto a lo solicitado por Unión por Córdoba en el marco de la cuestión de privilegio que este bloque inició contra el legislador del Frente Cívico y Social, Miguel Ortiz Pellegrini (VER NOTA: ORTIZ PELLEGRINI: "ES PURA ESPUMA")
Por su parte, el FCyS acusa a Carbonetti de supuestas violaciones al artículo 88 de la Constitución Provincial que prohíbe a los legisladores litigar contra el estado nacional, provincial y municipal. A tal fin, solicitaron, a la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de Córdoba, presidida por el legislador oficialista Nelson Ipérico, que se remita al expediente de la causa de la quiebra de Aroldo Settimio Fortuna.
Como complemento de esta causa, sugieren que se incluyan las peticiones de verificación de créditos de los acreedores, especialmente de la Provincia de Córdoba, por intermedio de la Dirección de Rentas y en ese entonces por el Banco de la Provincia de Córdoba.
También, ofrecieron como prueba los testimonios vertidos durante el proceso de destitución de Juan Manuel Roco Colazo, ex fiscal de instrucción de Huinca Renancó, llevado adelante por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba (JURY) en los que, según los legisladores juecistas, el legislador Carbonetti reconoce su calidad de defensor del Sr. Aroldo Fortuna.
Además, exigen informes tanto del Colegio de Abogados de la ciudad de Bell Ville, como de la Caja de Abogados de Córdoba para, en el primero de ellos, verificar si Carbonetti se encuentra matriculado como abogado, y en el segundo, para conocer los juicios que haya iniciado desde el 10 de diciembre de 2003 en adelante, contra la provincia, los municipios y comunas o el Estado Nacional.
Asimismo, Carbonetti es acusado de violar el artículo 3 bis de la ley 5805 que establece que si un legislador integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, no puede ejercer la profesión de abogado.
En este contexto, el FCyS se basa en una causa caratulada como García Gómez Eduardo Carlos contra el Partido Justicialista que estaría en trámite en la actualidad; en el juicio de divorcio entre el ex gobernador Juan Manuel De la Sota y Olga Ruitort, y la designación de Carbonetti como Fiscal de Estado de la Municipalidad de Bell Ville por parte de su esposa, Carmen Ceballos.
Otra de las pruebas, tiene que ver con los juicios que con motivo de las elecciones provinciales del 2 de septiembre de 2007, se realizaron ante el Juzgado Electoral de la provincia, en todos los cuales tuvo participación activa el legislador Carbonetti.
Además, se basan en la declaración pública del legislador oficialista, realizadas a los medios de comunicación el pasado jueves 11, donde dijo que ha renunciado a honorarios de más de 27 millones de pesos para no perjudicar al Estado, lo que para los parlamentarios iniciadores de la cuestión de privilegio, implica un reconocimiento expreso del ejercicio de su profesión de abogado, que le está puntualmente vedada.
Otra declaración pública considerada como prueba por el FC es la del vicegobernador de la provincia, Héctor Campana, en la que también se acredita el conocimiento público que reviste la actuación profesional de Carbonetti, ya que el 3 de julio de 2008 Campana opinó que la fortuna de Carbonetti se debe a que es un “excelente abogado”.
Luego de la explicitación de las pruebas en el marco de la cuestión de privilegio contra el legislador Carbonetti, el legislador de Unión por Córdoba Juan Brügge, tomó la palabra para indicar que “debe darse el mismo procedimiento que esta comisión le imprimió a la cuestión de privilegio que se le había iniciado a Ortiz Pellegrini”.
En este contexto, la legisladora de la Unión Cívica Radical, María Calvo Aguado, recordó la decisión de su bloque de abstenerse en la votación de las cuestiones de privilegio y cuestionó que se iniciaran antes de las elecciones, cuando todos conocían de antemano las actuaciones de ambos legisladores.
“Nos molesta como partido, es el circo de un lado y de otro. ¿Qué garantía le damos al público en general que un caso no va a tapar al otro? Les pido que tengamos más seriedad, que si en uno se actúa de una forma, con el otro también”, concluyó Calvo Aguado.