Querido Viejo
La legisladora de Unión por Córdoba en la Legislatura de Córdoba, Mabel Genta, presentó un proyecto de ley en el que se incorporan diversas modificaciones y agregados a la ley Nº 8892 a través de la cual se creó el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
Se trata de un agregado de dos incisos al artículo dos que establece las correspondencias del Registro. Esto es, se le incorpora el deber de publicar mensualmente en el Boletín Oficial la lista de deudores morosos de cuotas alimentarias, y el de registrar a los empleadores que hayan incumplido una resolución judicial que disponía la retención y depósito de sumas destinadas a alimentos.
Asimismo, se pretende cambiar el artículo tres. El original exige que, en los juicios de alimentos, el juez deberá comunicar al registro el incumplimiento del obligado. El nuevo artículo impone un paso más, pues requiere que en esos casos, sea el Ministerio Pupilar quien deba solicitar al juez la comunicación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de la falta del obligado.
Por otro lado, la iniciativa incorpora el artículo ocho bis, que impone que en toda escritura pública de cesión o adquisición de derechos reales y en la renovación del carnet de conducir, será necesario controlar que la persona no figure en el Registro.
Además, tampoco podrán aparecer en esa documentación de deudores, según la modificación al artículo nueve de la misma ley, los postulantes a cargos electivos o por concursos, en los tres poderes; quienes reciban viviendas sociales construidas por la provincia; los que realicen cambios de titularidad en toda explotación comercial, entre otros.
También, el proyecto de ley propone agregar el artículo dieciséis bis que expresa que aquéllos que estén inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios y soliciten la cancelación, tendrán que pagar una multa equivalente al veinte por ciento de su deuda, a favor del Estado Provincial.
La legisladora oficialista sostiene en los fundamentos de su proyecto que “es responsabilidad nuestra y de toda la sociedad, el garantizar que (los niños) crezcan en un ámbito saludable, que puedan estudiar, formarse en la moral y en las ansias del trabajo”.
Esto se logra con la solidez de su núcleo familiar, esto es, que sus progenitores asuman su rol responsable por más que el matrimonio esté disuelto.
“Diariamente tomamos conocimiento que los menores, cada vez más chicos, se insertan en el campo de la delincuencia; el flagelo de la droga y jóvenes sin rumbo, con familias destruidas”, indica Genta en sus argumentos.
La modificación de la ley 8.892 no cambiará esta situación, “pero es un humilde aporte para avanzar en la instalación de mecanismos legales para que los padres asuman su responsabilidad como tal y contribuyan con los alimentos de sus hijos”, prosigue el documento.
También asegura que la reforma apunta a que tenga más trascendencia en la sociedad, resultando en consecuencia, que quien adeude una cuota alimentaria, procure de corregir tal situación prontamente porque los efectos de figurar en dicho registro le acarrearán serias dificultades en su cotidiano desenvolvimiento, a la hora de vender, de transferir, de obtener un carnet de conductor, etcétera.