Freno de mano
El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, envió al Concejo Deliberante el veto a la ordenanza que declaraba de utilidad pública y sujeto a ocupación temporánea el inmueble con destino a funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Empleados de CIVE, reflejándose una vez más la disputa que el jefe municipal mantiene con el líder del Frente Cívico, Luis Juez.
El miércoles por la tarde ingresó la nota del Ejecutivo que veta la ordenanza aprobada el pasado 21 de mayo justificando esta decisión por tratarse de una empresa en quiebra y existir terceros acreedores que cuentan con garantías reales sobre los bienes que se afectan con la ordenanza.
Giacomino dispuso vetar dicha ordenanza luego de considerar lo aconsejado por el asesor letrado de la Municipalidad, el Dr. Carlos María Varas, quien se basó en la resolución del Juzgado que atiende la quiebra que resolvió que lo conveniente era desestimar la propuesta de los trabajadores de CIVE, y aceptar la de compra directa del conjunto de los bienes por uno de los acreedores, Hugo Ardiles, por resultar conciliadora de la integridad de los intereses involucrados en el proceso concursal.
El Departamento Ejecutivo Municipal entiende que si autorizara la expropiación a favor de los trabajadores, perjudicaría el proceso judicial en el que se encuentra la empresa, declarada en quiebra y en concurso de acreedores, acarriando posibles consecuencias económicas que debería afrontar el Municipio.
En ese sentido, Varas explicó que de acuerdo a la ley de expropiaciones, la ocupación temporánea normal genera para el municipio la obligación de pagar en concepto de indemnización, los daños y perjuicios que se ocasionen a esos bienes y el de los materiales que eventualmente debieran extraerse con motivo de la ocupación.
Si bien no han determinado la magnitud exacta de dichas obligaciones indemnizatorias, Varas aseguró que podrían comprometer seriamente las finanzas municipales.
Por lo tanto, el aspecto económico “resulta necesario ser evaluado cuidadosamente porque implica la afectación de recursos, cuyo importe no está determinado pero que seguramente será elevado, con mayor razón si se considera las dificultades por las que atraviesan las finanzas municipales”, expresa el documento del Asesor Letrado municipal.
En ese fragmento, está haciendo referencia a la ordenanza que declara la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad, sancionada el 30 de diciembre de 2008.
Por otro lado, la declaración de Utilidad Pública y sujeto a ocupación temporánea del establecimiento que pertenecía a CIVE estaría en interferencia con la conclusión del proceso judicial de la quiebra que se encuentra en su faz liquidativa, por lo que se afectarían los intereses en juego, lo que podría acarrear eventuales demandas en contra de la Municipalidad.
Cuando los concejales defendían la ordenanza que vetó el Intendente, comparaban la situación de los trabajadores de CIVE con la de los de la Clínica Junín.
Al respecto, Varas indicó que el escenario no es el mismo porque la figura empleada y las circunstancias imperantes fueron diferentes. Esto es, la ordenanza de ese hecho dispuso la expropiación del dominio del inmueble y no la ocupación temporánea normal como ocurrió con CIVE.
Además, la expropiación allí dispuesta no se concretó y tampoco el municipio tomó posesión del bien, disponiéndose con posterioridad la expropiación por parte de la provincia mediante la sanción de una ley. Y la ocupación del inmueble donde se encuentra la Clínica, estaba fundada en un “avenimiento” entre la propietaria y la Cooperativa, lo que tampoco sucedió con CIVE.
Los concejales aprobaron por mayoría el tratamiento preferencial para dos sesiones de la nota de veto.
Este hecho es una muestra más de la pelea entre Giacomino y Juez, ya que los ediles aprobaron la expropiación sin contemplar lo dispuesto por el intendente, que ahora le veta lo aprobado. Mientras tanto la gente está en el medio.