Carbonetti por Carbonetti

11/06/2009
Provinciales - Cuestión de Privilegio
alternative
Carbonetti quiere demostrar en comisión que defendió a la provincia y que Ortiz Pellegrini la quiere “esquilmar”

Ante la cuestión de privilegio que se aprobó ayer en la legislatura de la provincia en contra de Domingo Carbonetti por una supuesta violación a la ley que regula el ejercicio de la profesión de abogado, y al artículo 88 de la Constitución Provincial, éste sostuvo que Ortiz Pellegrini le hizo daño a la provincia y que demostrará en comisión que él siempre la ha defendido.

“He levantado mis dos manos para que esto vaya a la comisión  porque tengo la absoluta seguridad y certeza de que así como en el caso de Ortiz Pellegrini, todos los días llueven las pruebas en contra y se encuentra alguna nueva en la cual existe algún litigio, algún pleito, alguna demanda para tratar de esquilmar a la provincia, como contrapartida yo he ejercido siempre en defensa de los intereses provinciales” afirmó Carbonetti.

En este sentido señaló además que en la comisión de Asuntos Institucionales demostrará como renunció a honorarios a favor del estado a diferencia del legislador del juecismo.

“La he defendido en juicios en los cuales he tenido regulado a mi favor honorarios importantísimos, para que la provincia pueda celebrar acuerdos favorables hemos renunciado al cobro de esos honorarios contra deudores híper solventes como el Crédit Swiss”

Asimismo recordó que “como Fiscal de Estado en su momento y para interrumpir y detener los intereses de la provincia y no perjudicar a los contribuyentes renuncie a los honorarios de todos los juicios que demandé, en ese momento el (diario) Comercio y Justicia lo había estimado en ese momento –un peso un dólar- en 27 millones de pesos.

A la hora de resolver quienes son los que están a favor o en contra de la provincia me parece que los gestos hablan por si solos.

En cuanto a las denuncias presentadas en su contra el legislador del Departamento Unión recalcó que se trata de algo armado para “tapar la circunstancia casi indefendible de la situación de Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y quizás también la situación de público conocimiento que está padeciendo el co legislador Augusto Varas.

“Me parece que este es un tema traído de los cabellos con la única y exclusiva finalidad de tratar de compensar dos situaciones que creo que van a traer un inmenso costo para el Partido Nuevo o el Frente Cívico”, sentenció Carbonetti.

Uno de los aspectos denunciados por el Frente Cívico y social para plantear la cuestión de privilegio es una violación al artículo 3 bis de la ley que regula el ejercicio de la profesión, donde Carbonetti siendo titular del Jury habría defendido al ex gobernador José Manuel de la Sota en su divorcio de Olga Riutort.

Ante esto el legislador de Unión por Córdoba sostuvo que “fue una situación de “mutuo acuerdo, de consentimiento”, por lo cual el juez solo tuvo que homologar esta situación en la cámara de familia y no existió una situación contenciosa.

Lo volvería hacer estoy convencido que eso no significa una violación a la ley de colegiación obligatoria, pero aun cuando eventualmente pudiera ser, vamos a ponerlo en una hipótesis que indudablemente esta planteada, traída forzadamente pero podría ser, seria de última un incumplimiento de mi profesión de abogado, no como legislador, porque la constitución no me lo prohíbe como si es el caso de Ortiz Pellegrini

“Aun en el mejor de los casos este tema no tiene que ser la legislatura sino debería ser el tribunal de disciplina” agregó.

En cuanto a la denuncia acerca de otra supuesta incompatibilidad como Fiscal de Estado de Bell Ville, Carbonetti sostuvo que es mas inconsistente porque “la municipalidad tienen su asoseria letrada que son los que tramitan los juicios, yo no he tenido ninguna intervención profesional como abogado en ningún juicio de la municipalidad

“Mi tarea en los términos que marca la ley del fiscal de estado provincial es asesorar sobre la legalidad, sobre el procedimiento administrativo, y que la cumplo ad honorem” dijo.

Se trataría de una violación a la ley 5805 reglamentada el 6 de Agosto de 1975  que regula el ejercicio de la abogacía en la provincia, modificada el dos de julio del año 1991 donde se introdujo un nuevo artículo en la sección que determina las incapacidades para ejercer la profesión.