David, Defensor de los purretes?
Mediante sendas notas firmadas por el Gobernador José Manuel de la Sota, el Ministro de Gobierno Jorge Montoya y el Fiscal de Estado Jorge Eduardo Córdoba, se remitieron a la Unicameral para su aprobación, las ternas propuestas para designar al Defensor y a sus Adjuntos de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba creados por la ley Nº 9396, sancionada el pasado mes de junio.
En la terna para la designación del Ombudsman de la niñez y adolescencia, el Poder Ejecutivo propone en primer lugar al abogado y actual Ministro de Justicia Héctor René David, quien anunció de manera escrita al Tribunal Superior de Justicia Provincial el retiro funcional para el próximo 10 de diciembre. En segundo término se encuentra Reynaldo Miguel Rittatore y una ubicación más abajo Ana María Las Heras.
En tanto, la trilogía correspondiente al cargo de Defensor Adjunto se ubica nuevamente Rittatore, luego también Ana Maria Las Heras y en tercera posición el licenciado Enrique Alejandro Spinotti.
En el día de ayer se conoció públicamente el pronunciamiento inusual del Tribunal Superior de Justicia por medio de una acordada por el cual hubo un “reconocimiento” a la labor del actual ministro de Justicia, Héctor David, quien adelantó al alto cuerpo su inminente culminación de la actividad oficial.
La citada figura nació mediante la ley nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la que adhirió nuestra provincia, tiene como objetivo central llevar la problemática de la minoridad hacia un plano netamente social y no sólo desde un punto de vista judicial.
La norma transformaría radicalmente la situación de unos 3.500 niños y adolescentes institucionalizados que actualmente se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Justicia de Córdoba, es decir, poner fin al denominado Patronato de Menores, desjudicializando el proceso que lleva más de 87 años de vigencia.
El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tendrá a su cargo velar por el respeto a los derechos y garantías de los niños, promover programas para la minoridad en coordinación con las entidades públicas, denunciar ante las autoridades cualquier irregularidad, proporcionar asesoramiento, recibir reclamos de los menores y promover acciones de protección, etc.