A sacarse las caretas

Los ex militares se desempeñaban en los cuadros de oficiales del desaparecido Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada como también en la Policía Provincial cuando ocurrieron los hechos.

Imputados como posibles responsables del delito de "privación ilegítima de la libertad agravada", fueron citados los ex militares Darío Otero Arán, Juan Rauzzino (fallecido), Juan Angel Ortiz y Raúl Horacio Gallardo, este último ascendido a teniente general poco antes de ser pasado a retiro.

Para el 2 de julio próximo el juez Moreno citó a Otero Arán, mientras que el 7 del mismo mes fue convocado Juan Rauzzino, quien durante aquellos años se desempeñaba como jefe de Policía, aunque en este último caso se conoce que falleció hace algunos años, no existen constancias en el Juzgado Federal e igual fue convocado.

Mientras que el 4 de agosto deberá comparecer Juan Angel Ortiz y el 6, lo hará Raúl Horacio Gallardo ante el juez Moreno.

Cabe recordar que por la desaparición forzosa de los hermanos Ponce y de su sobrino Burgos, se inició una causa a instancias de una denuncia realizada ante la Justicia Federal por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Si bien estuvo radicada inicialmente en Córdoba, porque allí se encuentra la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército, luego fue girada a los estrados federales de Catamarca.

Francisco Ponce, un dirigente gremial e integrante de la Juventud Obrera Católica (JOC), fue detenido en abril de 1976 en inmediaciones de la plaza 25 de Agosto, cuando cruzaba la calle.

En tanto, Griselda del Huerto Ponce, que también militaba en la JOC, fue secuestrada el 15 de diciembre de ese mismo año junto a su sobrino, Julio Genaro Burgos, cuando ambos dormían junto al resto de la familia en su domicilio particular de 9 de Julio al 1.200 de ésta ciudad, cuando un grupo de tareas paramilitar ingresó a la casa y se los llevó detenidos.

A instancias de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán los sospechosos que pudieron haber tenido alguna participación en la detención, como el caso de los convocados, son acusados de "privación ilegítima de la libertad agravada".

Originalmente el expediente 809 había sido caratulado como "privación ilegítima de la libertad agravada seguida de muerte", aunque testigos que declararon en la causa indicaron que los detenidos fueron vistos con vida en centros clandestinos de detención de Tucumán.