Justicia Injusta

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba, Víctor María Velez, le envió una carta al vicegobernador de la provincia y presidente del Poder Legislativo, el pasado 26 de mayo, en la que desarrolla diversas propuestas dirigidas a revertir la problemática de seguridad y justicia.

Si bien la Asociación integrante de la Federación Argentina de la Magistratura, institución que nuclea a los colegios de magistrados y funcionarios de todo el país, reconoce los avances obtenidos por la provincia, gracias a la iniciativa y gestión de los tres poderes estatales, exigen que se tomen en cuenta sus postulaciones, las cuales, aclaran, no pretenden tener carácter sectorial ni reivindicativo, sino contribuir a la construcción de un espacio de interacción que genere el marco propicio para encontrar soluciones prácticas que sirvan para poner en valor la ley.

El principal problema que la Asociación demanda solución es el sostenido aumento de los casos penales y conflictos de todo tipo que afligen a la sociedad en su conjunto, prisionera entre el miedo y la impotencia, que se traduce en una sensación profunda de inseguridad.

Inmediatamente explican que es necesario promover el compromiso moral y ético de todos los actores sociales en la puesta en valor de la ley, especialmente, por parte de magistrados y funcionarios judiciales.

Para ello, proponen la creación de un Fondo Nacional Estructural para la agilización de la reforma judicial y de planes adecuados de seguridad en las provincias, que les permitan desarrollar con mayor impacto las medidas en curso, las que desde la Asociación de Magistrados se propone y las que se puedan añadir.

La problemática del aumento de los casos penales se suma a la cantidad de ellos que se judicializan por año, situación que deriva en una superpoblación en las cárceles. Junto a esto, las leyes penales fueron endurecidas, “y la situación no cambia ni mejora”, expresa la nota enviada a la Unicameral.

Para revertir este hecho, aseguran que es necesaria la simplificación y duración razonable de los procesos, esto es, descargar casos de los sistemas judiciales a través de una eficaz prevención, transferirlos de los pesados y colapsados sistemas formales a un nuevo sistema más ágil e informal de justicia simplificada y de proximidad geográfica.

Esto se puede lograr a través de un mecanismo de interacción de los tres poderes del estado: “se propone que los poderes nacionales convoquen los encuentros. Allí podremos desarrollar y desagregar la formulación de medidas complementarias que integran este aporte y que, con el del resto de los participantes, seguramente resultará una elaboración de mejor criterio y valor”, indica el documento de la Asociación.

Asimismo, en la nota esta entidad expone que “a esta situación aporta sustancialmente la crisis de valores que afecta profundamente a la población, y por ende, cualquier solución que se proponga no debe desatender un nuevo pacto social relativo a la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro”.

Además, sostienen que el respeto de las leyes es tarea de todos, tanto de la sociedad como de los poderes públicos, principalmente de estos últimos. Por eso es que es necesario propiciar las reformas que resulten necesarias y apoyar las que están en marcha, para propender a la mayor eficacia posible para dar una respuesta judicial pronta y justa a los conflictos que se presentan en todos los fueros en todo el país.

Finalmente, exhortaron a los jueces, fiscales, defensores y funcionarios de poder judicial y del Ministerio Público de todo el país “a expresar su apoyo a la petición que realizamos a los miembros de los poderes públicos nacionales y provinciales”.