Paren el Genocidio
Al menos 25 indígenas y 9 policías murieron ayer en los enfrentamientos registrados durante el desalojo de una carretera de la Amazonía peruana en protesta por una serie de decretos legislativos, según un nuevo balance oficial.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, informó a Radio Programas del Perú (RPP) que el número de policías muertos subió a nueve, mientras que el Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde ocurren los hechos, señaló que la cifra de nativos fallecidos ascendió a 25.
Pese a las cifras oficiales, el medio peruano Enlace Nacional habla de cerca de 84 muertos por los disturbios, en los que se registraron 100 detenidos.
Los nativos protestan desde el 9 de abril contra una decena de decretos legislativos porque consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.
Las comunidades de la Amazonía peruana, que viven en zonas muy remotas, denunciaron en diversas oportunidades la situación de pobreza y abandono, así como la contaminación de sus aguas y el impacto en su salud, además de la deforestación de sus tierras como consecuencia de la explotación de los recursos en sus territorios.
Dos analistas peruanos, Eduardo Toche y Nelson Manrique coincidieron en que el gobierno de Alan García se ha puesto al margen de la ley porque al aprobar estos decretos para implementar su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha violado tratados internacionales que tienen rango constitucional.
Manrique dijo que "el país no puede pasar por encima de los derechos de los indígenas" para favorecer a grandes corporaciones que pretenden explotar la Amazonía, que ocupa el 62 por ciento del territorio peruano.
Por su lado, Eduardo Toche recalcó que las comunidades indígenas exigen "la profundización del Estado de derecho", tras mencionar el cansancio de los indígenas que se han sentado a dialogar con el Gobierno "con resultados muy decepcionantes".
Las protestas en la Amazonía coinciden con el interés del Gobierno de Alan García por incrementar sus reservas de gas y petróleo, presentes sobre todo en la selva, para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en país proveedor.
Pese a todas las excusas, seguir barriendo con los pueblos originarios y sus tierras, 500 años después del genocidio producido con la invasión española al continente americano significa un delito de lesa humanidad. Más tratándose del salvaje Tratado de Libre Comercio de las Américas. Hay que condenarlo y hoy 500 años después hay pararlo.