¿El país de la libertad?

Asimismo, se le impuso a Carlos Germán Vega, su hijo, la guarda y cuidado del detenido; y se le encomendó al Patronato de Liberados correspondiente al domicilio del genocida Vega, la supervisión y control, cada quince días, del cumplimiento del arresto domiciliario, informando al Tribunal ante cualquier eventualidad. 

La defensa de Vega solicitó ese beneficio aduciendo que cuenta con ochenta años de edad, por lo que resultaría aplicable lo dispuesto por el artículo uno, inciso “D” de la ley 26.472, que dispone que el Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria, al interno mayor de setenta años.

Por otro lado, la Fiscal Federal, Dra. Graciela López de Filoñuk, dictaminó que no corresponde otorgar al imputado la medida de detención domiciliaria solicitada a su favor, por ser improcedente en razón del carácter de lesa humanidad de los delitos que se le acusa.

La Fiscal sostuvo además, que la concesión de esa medida conlleva al peligro procesal y de fuga, pues la modalidad de consumación de los hechos que se le atribuyen a Vega, han implicado de manera inherente el entorpecimiento de la labor de la Justicia, puesto que desde un primer momento el accionar de las Fuerzas represivas estuvo orientado a la clandestinidad con miras a lograr la impunidad.

A un año del comienzo del juicio que terminó condenando a los genocidas, hay que volver a empezar con los pedidos de juicio y castigo para estos criminales que hoy gozan de la comodidad de sus hogares, y que ponen en peligro la integridad física y psíquica de familiares y testigos pues facilitan el poder de organización y de acción que los represores aún mantienen en democracia.