Contra la neoesclavitud
La legisladora del bloque del Frente Cívico y Social en la legislatura de Córdoba, Adela Coria, junto con su correligionario Raúl Jiménez y la parlamentaria de la Izquierda Socialista, Liliana Olivero, presentaron un proyecto de ley para crear el registro provincial para la Prevención del Delito de Trata de Personas.
La creación de este Registro será en el ámbito de la Secretaría de derechos Humanos de la Provincia, y su objetivo será la implementación de un sistema solidario y eficiente para lograr la localización de niños, niñas, adolescentes, jóvenes mujeres, cuyo paradero sea denunciado como desconocido.
El proyecto de ley define como potencial caso de trata de personas, cuando el paradero de la joven sea denunciado como desconocido por sus padres, tutores, guardadores, quienes circunstancialmente pudieran tener su custodia o cualquier otra persona, y que por las circunstancias del caso hagan presumir que esa joven ha sido sustraída sin el consentimiento ni el conocimiento de los mismos, en el caso de ser menores de edad, y de lo contrario, han sido referidos como casos potenciales de trata.
La iniciativa exige la inmediata comunicación de las denuncias por paradero desconocido o sustracción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, efectuadas ante cualquier dependencia policial y judicial, mientras que éstas, deberán notificar a la Secretaría de Derechos Humanos.
Por todos conocidos es el tema de la trata de personas, pues es una forma de esclavitud en tiempos en que esta aberración hace décadas que ha sido abolida y prohibida en la normativa mundial vigente.
En ese sentido, la explotación de estas personas sometidas contra su voluntad, se manifiesta a través de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, la servidumbre o la extracción de órganos.
Las víctimas de la trata de personas, principalmente, son mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad social y cultural. Además, este comercio clandestino fluye desde los países en vías de desarrollo, y sería hoy el segundo negocio mundial.
La respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad, ha sido abordar la cuestión como prioritaria en los programas internacionales de Derechos Humanos.
Asimismo, en el plano nacional se aprobó, por ejemplo, la ley 26.364 que regula la prevención y sanción de la Trata de Personas y Asistencia a la Víctima, que ha obligado a las organizaciones criminales a revisar sus prácticas y a operar en un contexto de menor impunidad.
También se ha acordado un Protocolo para la Asistencia a Personas Víctimas de Trata y Explotación Sexual Infantil para ordenar las formas de actuación frente a la comisión del delito de trata, cuidando a sus víctimas, pero que no apunta centralmente a la instancia de prevención, y el necesario desmantelamiento de las redes operantes en nuestro medio, tal como diversas organizaciones sociales vinculadas con el problema lo han denunciado de modo sistemático.
“Es entonces en el ámbito provincial donde nos debemos la tarea de legislar sobre este tema que día a día se manifiesta en su más cruda y compleja realidad tomando las medidas de prevención hoy ausentes en nuestra geografía”, expresan los legisladores en los fundamentos del proyecto.
Si bien el Registro que se propone aprobar por ley no constituye la única estrategia gubernamental para actuar decididamente contra la trata de personas, ni contra esas complejas redes operantes; sería un claro avance en la materia.