Ahora lo ves, ahora no lo ves

El legislador de Unión por Córdoba, Emilio Graglia, presentó una nota solicitando el retiro del proyecto de ley que regula la creación del Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas, a siete días de haber tomado estado parlamentario, y luego del fuerte rechazo de estudiantes y profesionales de esa materia, formalizado en dos comunicados dirigidos a la Legislatura de Córdoba.

Resulta paradójico el hecho que el legislador oficialista presentó el proyecto arguyendo que los propios graduados y profesionales de esta ciencia demandaron la creación del Colegio ante la Unicameral y a través de distintos medios; y a la semana lo retira dada la terminante negativa a la colegiación sostenida por parte de los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, así como por los profesionales.

Graglia afirmó que solicitó el retiro del proyecto para “favorecer el debate”, ya que el sector busca tratar el asunto “sin la presión del proyecto presentado”, y que, pese a considerar que “es una cuestión de los egresados, nos han pedido que se retire y bueno, lo retiramos”.

“Contábamos con opiniones afirmativas por parte de los profesionales jóvenes que estaban de acuerdo con el Colegio, y formalmente se han opuesto los alumnos de la Universidad Católica y de la Siglo 21”.

La finalidad principal que los legisladores aseguraron que perseguía el Colegio Profesional, era la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva, la promoción de la disciplina y la defensa de los intereses profesionales de sus miembros, ya que era de carácter gremial y hubiera estado integrado por los profesionales de la misma disciplina. 

Asimismo, Graglia y Juan Brügge se basaron, para crear el ahora retirado proyecto de ley, en la falta de regulación del ejercicio de una profesión que ha expandido su campo de actuación a todos los niveles de gobierno, en el sector privado y en las organizaciones no gubernamentales de toda la provincia.

Los parlamentarios titulares del proyecto, percibieron la necesidad de salvaguardar los derechos de quien requiere del servicio de un Licenciado en Ciencia Política, combatiendo el ejercicio ilegal de la profesión y garantizando principios legales y éticos fundamentales en la prestación del servicio.

Por otro lado, las críticas al proyecto por parte de los estudiantes y profesionales, se centraron en que el Colegio llevaría a la restricción injustificada de su libertad en el ejercicio de la profesión, por ser una carrera de naturaleza interdisciplinaria y múltiple en cuanto a su campo de acción laboral.

Además, aseguraron que se les impediría ejercer libremente la profesión en la que han sido formados; y que las acciones planteadas en el proyecto respondían más a características corporativistas que al libre desarrollo de las personas en un sistema democrático.

Ambos escritos coincidieron en que la iniciativa debería haberse nutrido de la opinión y el consenso de las máximas autoridades de las universidades en las cuales se dicta la carrera, representantes estudiantiles y profesores, asociaciones de graduados, profesionales con antecedentes de desempeño profesional, entre otros.

Por lo tanto, además de no contarse con antecedentes de este tema en el país y que proyectos similares no fueron exitosos, solicitaron que la Legislatura “convoque a asamblea pública para su pertinente discusión con los actores interesados”, cuestión que no sucederá dado que el proyecto ya no existe.