Los Protagonistas dijeron NO
Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, así como los profesionales de esta carrera, expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa de los legisladores de Unión por Córdoba, Emilio Graglia y Juan Brügge, de colegiar la actividad. En dos comunicados dirigidos a la Legislatura de Córdoba, los licenciados y estudiantes de Ciencias Políticas coincidieron en que el Colegio llevaría a la “restricción injustificada de nuestra libertad en el ejercicio de la profesión”, por ser una carrera de naturaleza interdisciplinaria y múltiple en cuanto a su campo de acción laboral.
“Como politólogos, es nuestra intención ejercer libremente la profesión en la que hemos sido formados (…) Es por eso que vemos con enorme preocupación el proyecto referido. Monopolizar la decisión sobre quién puede y quién no puede ejercer la profesión, y condicionarla a un aporte monetario (…). Estas acciones responden más a características corporativistas que al libre desarrollo de las personas en un sistema democrático”, reza el documento que presentaron los profesionales politólogos en la Unicameral.
“El proyecto genera una estructura corporativista, que ataca las libertades profesionales, y que es excesivamente extractiva en términos monetarios. En este sentido, consideramos que se trata de una estructura sumamente perjudicial para los profesionales”, expresa el comunicado de los estudiantes.
Ambos escritos coinciden en que la iniciativa debería haberse nutrido de la opinión y el consenso de las máximas autoridades de las universidades en las cuales se dicta la carrera, representantes estudiantiles y profesores, asociaciones de graduados, profesionales con antecedentes de desempeño profesional, entre otros.
Por lo tanto, además de no contarse con antecedentes de este tema en el país y que proyectos similares no fueron exitosos, solicitan que la Legislatura “convoque a asamblea pública para su pertinente discusión con los actores interesados”.
¿De qué se trata?
El proyecto de ley, que tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles pasado, determina como requisitos básicos para el ejercicio de la profesión en cuestión, poseer título universitario expedido por universidades públicas o privadas y encontrarse matriculados en el Colegio Profesional, que esta ley crea.
La ley también establece las actividades e incumbencias propias de los Licenciados en Ciencias Políticas. Esto es, asesorar a organismos estatales en todos sus niveles en asuntos relativos a la gestión de gobierno, analizar e investigar fenómenos y procesos políticos, sociales y económicos, elaborar y difundir estudios de opinión pública y electoral, diseñar campañas políticas y plataformas electorales, entre otras.
Asimismo, se fijan las funciones, atribuciones y deberes del Colegio creado por la iniciativa. Se trata de ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro y el legajo individual de cada colegiado, intervenir en todo lo referente a las inscripciones que se soliciten, velar por el cumplimiento de la ley, fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión, promover la capacitación y actualización permanente de los profesionales, entre otros.
Las autoridades del Colegio, que la ley dispone, son la Asamblea, el Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.
El Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del Colegio. Está compuesto por nueve miembros titulares, cuya elección se realiza a través del voto directo, secreto, obligatorio e igual de todos los colegiados. Los cargos son ejercidos ad honorem y duran tres años, pudiendo ser reelegidos, con excepción del presidente y vice que podrán ser reelectos sólo por tres períodos consecutivos.
Asimismo, la ley establece que los miembros del directorio podrán ser removidos de sus cargos por decisión adoptada con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, por la ejecución de actos indignos, por inasistencia reiterada, comisión de delitos y por la realización de actos contrarios a los intereses generales del Colegio.
También, se deja asentado la composición del patrimonio de la Institución a crearse. Es decir, el capital estará integrado por los derechos y tasas de inscripción en la matrícula, el aporte mensual que abonen los colegiados, las donaciones que se acepten, el uno por ciento del precio de la prestación profesional convenida como honorarios, las multas que se apliquen, etcétera.