Políticos colegiales
Tomó estado parlamentario, en la última sesión de la Legislatura de Córdoba, el proyecto de los legisladores de Unión por Córdoba, José Graglia y Juan Brügge, por el que se crea el Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas.
La iniciativa determina como requisitos básicos para el ejercicio de la profesión en cuestión, poseer título universitario expedido por universidades públicas o privadas y encontrarse matriculados en el Colegio Profesional, que esta ley crea.
La ley también establece las actividades e incumbencias propias de los Licenciados en Ciencias Políticas. Esto es, asesorar a organismos estatales en todos sus niveles en asuntos relativos a la gestión de gobierno, analizar e investigar fenómenos y procesos políticos, sociales y económicos, elaborar y difundir estudios de opinión pública y electoral, diseñar campañas políticas y plataformas electorales, entre otras.
Asimismo, se fijan las funciones, atribuciones y deberes del Colegio creado por la iniciativa. Se trata de ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro y el legajo individual de cada colegiado, intervenir en todo lo referente a las inscripciones que se soliciten, velar por el cumplimiento de la ley, fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión, promover la capacitación y actualización permanente de los profesionales, entre otros.
Las autoridades del Colegio, que la ley dispone, son la Asamblea, el Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.
El Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del Colegio. Está compuesto por nueve miembros titulares, cuya elección se realiza a través del voto directo, secreto, obligatorio e igual de todos los colegiados. Los cargos son ejercidos ad honorem y duran tres años, pudiendo ser reelegidos, con excepción del presidente y vice que podrán ser reelectos sólo por tres períodos consecutivos.
Asimismo, la ley establece que los miembros del directorio podrán ser removidos de sus cargos por decisión adoptada con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, por la ejecución de actos indignos, por inasistencia reiterada, comisión de delitos y por la realización de actos contrarios a los intereses generales del Colegio.
También, se deja asentado la composición del patrimonio de la Institución a crearse. Es decir, el capital estará integrado por los derechos y tasas de inscripción en la matrícula, el aporte mensual que abonen los colegiados, las donaciones que se acepten, el uno por ciento del precio de la prestación profesional convenida como honorarios, las multas que se apliquen, etcétera.
Por el proyecto de ley también se crea un organismo administrador de un Fondo Compensador, que se destinará principalmente para la asistencia de los profesionales con problemas económicos y complementar, cuando resulten insuficientes, las previsiones jubilatorias existentes, pudiendo preverse un sistema de cobertura de riesgo derivado del ejercicio regular de la profesión.
La consolidación de la Ciencia Política en la Argentina ha experimentado una lenta pero sostenida evolución en los últimos 30 años de la mano de la expansión en el número de carreras universitarias relativas a la disciplina y de la consecuente inserción de los profesionales graduados, tanto en el sector público como en el sector privado y el llamado tercer sector.
La provincia de Córdoba no ha sido ajena a esta tendencia, pues en la actualidad hay una variada oferta académica, tanto pública como privada, y una difusión geográfica de la disciplina, tanto en la capital como en el interior provincial, que produjo un crecimiento cuantitativo en el número de graduados y profesionales en ejercicio.
Sin embargo, este crecimiento no se vio acompañado de la institucionalización pública que toda disciplina necesita para su desarrollo, más allá del ámbito académico. Por lo que los legisladores oficialistas, consideran necesaria la colegiación de los profesionales en Ciencias Políticas.
Esto es así, porque la finalidad principal del Colegio profesional es la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva, la promoción de la disciplina y la defensa de los intereses profesionales de sus miembros, ya que es de carácter gremial y está integrado por los profesionales de la misma disciplina.
Para crear este proyecto de ley, los parlamentarios Graglia y Brügge, se basaron en la falta de regulación del ejercicio de una profesión que ha expandido su campo de actuación a todos los niveles de gobierno, en el sector privado y en las organizaciones no gubernamentales de toda la provincia.
Además, los propios graduados y profesionales de esta ciencia demandaron la creación del Colegio ante la Unicameral y a través de distintos medios. Finalmente, los parlamentarios percibieron la necesidad de salvaguardar los derechos de quien requiere del servicio de un Licenciado en Ciencia Política, combatiendo el ejercicio ilegal de la profesión y garantizando principios legales y éticos fundamentales en la prestación del servicio.