Al Banquillo
La filial La Plata de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió que se indague a 29 ex miembros de las fuerzas de seguridad que actuaron en los Centros Clandestinos de Detención conocidos como Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, durante la última dictadura militar.
La presentación fue efectivizada ayer ante el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza que investiga la violación a los derechos humanos en esos centros clandestinos dependientes de la Policía Bonaerense, informó el organismo.
Junto al pedido de indagatorias, la Filial La Plata de Abuelas presentó un Informe sobre Maternidades Clandestinas, puntualmente en esos dos centros de detención, a partir de información que se recopiló para reconstruir las historias de las embarazadas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar.
Según el informe, dentro del circuito represivo coordinado por el ex jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, el Pozo de Banfield se caracterizó por el gran número de embarazadas que permanecieron secuestradas allí, funcionando como una verdadera maternidad clandestina policial.
De la investigación se desprende que, 21 mujeres embarazadas fueron identificadas en este Centro, de las cuáles 15 aún permanecen desaparecidas, mientras que de los niños nacidos en cautiverio y sustraídos, sólo 4 recuperaron su identidad.
En ese marco, Abuelas de Plaza de Mayo pidió la indagatoria de 18 ex miembros de las fuerzas de seguridad "por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas, sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años y supresión de identidad".
En esta causa, también figura un pedido a las autoridades judiciales uruguayas de prueba documental y testimonial, así como un listado de las fuerzas de seguridad de aquél país que participaron en la coordinación y represión en el marco del Plan Cóndor.
En el caso del Pozo de Quilmes, si bien no funcionó como una maternidad clandestina donde las mujeres fueran llevadas a dar a luz, está acreditada la permanencia de detenidas desaparecidas en estado de gravidez, como así también de otras mujeres que fueron trasladadas allí después del parto, según surge del informe.
Abuelas solicitó la indagatoria para 29 miembros de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en la privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas, sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años y supresión de identidad, algunos de los cuales participaron también en el Pozo de Banfield.