Habeas Patrimonius
Según el proyecto de ley, que actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Unicameral, riesgos crediticios son todas aquellas informaciones de cualquier naturaleza referida a personas físicas o jurídicas en la que sea posible determinar los antecedentes patrimoniales, comerciales, financieros y/o bancarios de las mismas.
La autoridad de aplicación de la presente será el Defensor del Pueblo de la Provincia, quién no podrá recepcionar ni dar curso a reclamos individuales sobre los derechos de acceso y de rectificación de los titulares de datos de información de riesgos crediticios.
Asimismo, tendrá determinadas funciones y atribuciones, como solicitar informes o explicaciones a las empresas privadas de información crediticia, recepcionar y dar curso a las denuncias interpuestas por las personas físicas o jurídicas en la protección de tales datos, imponer las sanciones administrativas que correspondan, hacer denuncias o constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieren para la protección de los datos personales, entre otros.
El Defensor del Pueblo aplicará las sanciones a quienes actúen en violación a las normas nacionales y provinciales de protección de datos de información crediticia.
Ante ello, el Defensor procederá a la verificación del hecho denunciado o conocido, labrará un acta en la que se dejará constancia del mismo, de la disposición presuntamente infringida y de los demás antecedentes del caso.
Acto seguido, citará y emplazará al supuesto infractor para que en el plazo de cinco días hábiles presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho.
El proyecto de ley de la legisladora del Vecinalismo Independiente, propone dar solución a un problema acuciante que afecta la vida y la economía de los cordobeses, esto es, el mercado negro de los informes de riesgos crediticios.
Es común conocer casos de personas a las que se les niega un crédito, aunque nunca hayan estado en mora o librado un cheque sin provisión de fondos. Ello se debe a la existencia de un mercado ilegal donde se trafican bases de datos, cuya comercialización se encuentra prohibida por ley.
Lo que agrava la situación es el hecho de tratarse de delitos de difícil persecución, ya que las pruebas se pueden hacer desaparecer en forma rápida y sencilla por encontrarse asentadas en soportes informáticos de pequeño tamaño.
Sin embargo, ello no significa que el rastreo sea imposible, pero es preciso tener en cuenta que el desconocimiento de la ley 25.326 que regula la protección de los datos personales, es de grandes dimensiones, aún para aquellos que trafican datos de origen ilícito.
Para que resulte más claro entender la cuestión, la legisladora ejemplifica con casos cotidianos. A saber, si una empresa financiera le niega instantáneamente el crédito a una persona diciendo que ello se debe a que la misma no tiene bienes inmuebles o automóviles a su nombre, seguramente dicha empresa ha tenido acceso a información de origen ilícito. Lo mismo sucede si lo hace una inmobiliaria con un posible inquilino o garante.
El bloque del Vecinalismo independiente considera que la provincia de Córdoba está habilitada para emprender la lucha contra el preocupante panorama en el que oferentes y usuarios compran y venden ilícitamente información, siendo preciso acabarlo o reducirlo a su mínima expresión.