Aguatero

Como fue el caso de la aclaración que le solicitó el legislador oficialista Enrique Sella respecto al pánico y psicosis que reside en la localidad de Villa María y sus alrededores por la creencia de que en el agua se concentran grandes cantidades de arsénico, teniendo en cuenta que esta localidad provee de agua potable a cuatrocientas mil personas aproximadamente.

Dado que el asunto resulta imparable, al punto que el intendente de Villa María formó una comisión para tratar de palear la problemática, Sella consideró que “con un pedido de informe no solucionamos nada. Hay arsénico por todos lados y en niveles diversos”. 

Al respecto, el funcionario respondió que ese metal “se encuentra en valores normales en toda la provincia”. El quid de la cuestión con Villa María reside en que se trata de un caso donde el municipio es el prestador del servicio. Entonces, cuando aparece algún inconveniente como el planteado, la subsecretaría de Recursos Hídricos sólo puede intervenir para realizar los análisis pertinentes. “Nosotros los hemos hecho”, expresó Maiz.

La subsecretaría estableció como medida aceptable la de cincuenta microgramos de arsénico por litro de agua. Sin embargo, el tema no quedó esclarecido, pues otros estudios internacionales consideran como óptimo la cantidad de diez microgramos por litro.

En ese sentido, el funcionario sentenció que “para ello se basaron en estudios que no existen”. Y prosiguió explicando que “tomar niveles de arsénico imposible de lograr, significa un hecho irresponsable porque muchas de las plantas potabilizadoras deberían salir de circulación, pero no hay nada comprobado que este nivel de arsénico sea causante de enfermedades”.

Dado que la temática comporta una gravedad importante pues afecta a cuatrocientos mil ciudadanos, agravado por el hecho de encontrarse en una situación de miedo general, el legislador Sella invitó a la Subsecretaría a Villa María para que expliquen y aclaren la cuestión, para consecuentemente calmar al poblado.

Asimismo, respondió los pedidos de informe y esclareció las dudas de los parlamentarios acerca de temas como el alambrado perimetral de las lagunas Azul y Verde; la situación legal actual de la UTE, conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza, que explota Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada; entre otros.

También se presentó el interrogante acerca de la situación en la que se encuentra actualmente el Lago San Roque, dada la gran variación en los niveles de agua durante las épocas de sequía, para lo cual, plantearon la posibilidad de efectuarle un dragado. 

Dragado significa, según lo explicitó el subsecretario, darle profundidad, aumentar la capacidad de embalse, “y eso repercute en la cantidad de agua”.

“Desde el punto de vista presupuestarios no lo hemos incluido y no está estudiado”, dijo Maíz, sin embargo aclaró que “está en un estudio preliminar para determinar aproximadamente los costos que implicaría el dragado. Y cuales son las problemáticas que implicaría”, concluyó.