Operación JA JA

H.I.J.O.S y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba manifestaron su preocupación ante los intentos por desintegrar el Tribunal Oral Federal que el año pasado juzgó y condenó a Luciano Benjamín Menéndez y otros siete represores a la cárcel común, retrasando ahora los restantes procesos judiciales.

A través de un comunicado, las organizaciones de derechos humanos sostuvieron que “esto no hace más que prolongar la impunidad de los mayores criminales que tuvo nuestro país y que hoy están esperando morirse cómodos y en sus casas.

Este año nuevamente salió sorteado el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº1 para juzgar los hechos en los que se investiga el secuestro, las torturas y el alevoso asesinato llevados a cabo  por integrantes de la D-2 de la Policía de la Provincia de Córdoba en contra del Sub Comisario Ricardo Fermín Albareda, causa en la que H.I.J.O.S patrocina a Fernando Albareda.

Habiendo ofrecido la prueba acusatoria para el juicio oral y público, el mismo debía empezar a más tardar en Mayo del corriente año.

Pero ante diversas acciones judiciales, entre ellas las promovidas por el Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba Luis Miguel Baroneto, que concluyeron con la renuncia del Juez Federal Otero Álvarez, provocaron la desintegración del Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba.

Al mismo tiempo, la defensa de uno de los imputados de delitos de lesa humanidad recusó a otro de los integrantes, el Dr. Muscará; y próximamente se recusaría al restante vocal del Tribunal: el Dr. Díaz Gavier.

Con este escenario en el que se busca la disolución de este tribunal federal los organismos de derechos humanos de la provincia de Córdoba sostienen que los juicios previstos para este año quedarán en suspenso hasta que se  lo vuelva a conformar.

Ante esta situación y con la dilación de los juicios, los represores que no son juzgados por fallecimiento aparecen judicialmente como “sobreseídos por fallecimiento”.

Por todo esto el comunicado de HIJOS y de Familiares exigen “que el Estado Argentino, siguiendo las normativas acordadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  arbitre  urgentemente las medidas necesarias para conformar un Tribunal constitucional que lleve adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, para terminar así con quienes por acción, omisión, individualualismo, vedetismo  o complicidad, pretenden posponer los juicios que harán cierta la Memoria, Verdad y Justicia por las cuales la mayoría del pueblo argentino viene luchando desde hace más de 35 años”.