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En la cesión de ayer del Concejo Deliberante, se aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza, presentada por la concejal de Libres del Sur en el Frente Cívico, Marta Nicolasa Juarez, en el que se modifica la ordenanza referida al Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública.
De esta forma, el concejo deliberante es el primero en todo el país que aprueba una normativa de reglamentación de su Carta Orgánica para inhabilitar a colaboracionistas de la dictadura que se puedan emplear en un futuro a partir de la sanción de esta reglamentación, ya que la ley no es de carácter retrospectivo, es decir, no se puede aplicar hacia atrás, sino hacia delante, por lo que si existen funcionarios en la actualidad que hayan actuado en los gobiernos de facto, seguirán en sus cargos.
El proyecto contempla la inhabilitación para ocupar cargos como funcionarios municipales a todos aquellos que se desempeñaron en cargos de carácter político en cualquier dependencia de los Estados Municipales, Provinciales y Nacional, durante algún gobierno de facto.
Asimismo, quedan exceptuadas aquellas personas que hubieren accedido a estos cargos en virtud de la carrera administrativa previa.
A su vez la ordenanza contempla también a aquellos que hayan sido investidos como jueces en los períodos de facto.
La autora del proyecto, la concejal oficialista Marta Juárez, explicó la necesidad de efectuar la modificación de la ordenanza “para poder tener la memoria siempre presente y poder homenajear a todos los muertos de esta patria “.
Sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de los bloque de la Unión Cívica Radical y Eva Perón.
Al respecto, el concejal Oscar Vera Barros, del bloque del peronismo disidente, sostuvo que si bien acompaña los fundamentos ideológicos del proyecto, lo rechazaron por cuestiones jurídicas fundamentadas en el planteo de inhabilidad que se introduce dentro del Código del Ética.
En este sentido, Vera Barros afirmó que estas “tachas constitucionales ya están dispuestas en la Carta Orgánica y que sería necesaria una reforma constitucional para poder modificar esta cuestión”.
En tanto el radical Marcelo Cossar se expresó en el mismo sentido, acompañando ideológicamente el proyecto, rechazando por los mismos fundamentos jurídicos y solicitó el tratamiento de los tres proyectos de reforma política que se encuentran en las comisiones del Concejo para terminar reformando la Carta Orgánica Municipal, y así, introducir estas modificaciones.
En respuesta a estas consideraciones jurídicas, el concejal juecista Fernando Machado, dijo que “estamos absolutamente capacitados para sancionar esta ordenanza, no estamos modificando la Carta Orgánica Municipal, sino el Código de Ética que es una de las potestades reglamentarias que tenemos establecidas en esta Carta Orgánica”.