Cónclave Sectorial

Ayer por la tarde se llevó a cabo la reunión conjunta entre la Comisión Industria y Minería y la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, donde recibieron la presencia de los miembros de la Cámara de Industriales Metalúrgicos; del presidente y vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba y miembros de la Cámara de Comercio de Córdoba, quienes expusieron sobre la situación por la que atraviesan las industrias y empresas que dichas entidades representan.  

El presidente de la Cámara Industrial de Metalúrgicos, Juan Grundy, explicó que el uso de la capacidad instalada del sector metal mecánico cordobés actualmente ronda entre un 42 y un 50 por ciento, es decir, “están trabajando a menos de la mitad de la capacidad instalada”.  

Basándose en cifras oficiales, Grundy indicó que en la provincia de Córdoba “más de 170 empresas tienen homologados los procedimientos de crisis en todos los sectores” y aclaró que “el número en el sector metal mecánico es superior a esos números que maneja la provincia”.  

Esto es así porque en las pequeñas y medianas empresas del interior de la provincia, se producen procedimientos de crisis que funcionan reduciendo los días laborales, pero no despidiendo. “Se sigue trabajando para tratar de mantener el empleo”, dijo Grundy. También agregó que “un 30 por ciento de las empresas de nuestro sector ha hecho algún tipo de reducción de empleados”.  

Por otro lado, Grundy declaró que “la crisis del sector agrícola nos puso en el freezer” y que todos los ciudadanos “vivimos con incertidumbre. No estamos muy seguros con las medidas que se tomen en el gobierno”. 

Clamó como necesaria la sanción de una ley de emergencia industrial, aduciendo que el sector del campo ya cuenta con dicha ley. “En el sector industrial debería existir algún tipo de ley para poder impulsar la actividad industrial en momentos de crisis”, explicó Grundy.  

Se trataría de la creación de algún mecanismo que de forma automática y controlada, tanto por el Estado como por los empleados, se proponga impulsar la actividad industrial. Por otro lado, Grundy planteó la necesidad de “trabajar para ver en qué forma se puede recaudar sin que se pierda la competitividad”.  

Por su parte, el secretario de la Cámara de Comercio de Córdoba, José Ignacio Viale, expuso que en el comercio la crisis impacta de forma más progresiva y de un modo indirecto. Esto es así porque el comercio no agrupa gran cantidad de empleados como sí ocurre en los demás sectores cuyos representantes se presentaron en la reunión de comisión. 

“La crisis se nota y se va a notar. No en una caída estrepitosa porque aguantamos más”, dijo Viale, quien además, señaló que “tenemos una disminución del 35 por ciento de las ventas, lo cual da una idea de que la crisis existe en el sector comercial”. La anterior es una cifra que proviene del año 2008 y que en los primeros tres meses de este año no ha cambiado.  

El secretario de la Cámara de Comercio propuso algunas “medidas inmediatas” que se deberían tomar para mermar los efectos de la crisis en el sector. Estas medidas tienen que ver con la revisión de la carga impositiva por parte de la provincia. 

“Estoy de acuerdo que de alguna manera tiene que vivir el Estado, el pago de impuesto es esencial para organizar la sociedad”, dijo Viale. Sin embargo, apuntó que el impuesto “para que sea legítimo” debe cumplir ciertos requisitos, como tener racionalidad y estar fundado en ley, además de contar con el límite de la lógica, de lo razonable. “Es decir, todos los sectores deben aportar equitativamente, no por igual, pero sí equitativamente”, agregó.  

A su vez, lo anterior coincide con otro reclamo de Viale que tiene que ver con el “inmenso nivel de evasión en cuanto a la carga impositiva” que existe en la provincia. Sumado a lo anterior, el sector considera problemático la venta callejera “porque no pagan impuestos”. Ambas cuestiones “agravan la situación que se está viviendo por la crisis”.  

Otro de los problemas que enumeró el secretario es el referido a la ley de riesgo de trabajo, “que ha complicado todo el sector”. “Córdoba es la provincia de mayor juicios laborales”, indicó, por lo tanto, resulta necesario, para Viale, que la legislación laboral cordobesa “se ajuste lo más que pueda a la legislación nacional”.  

Por otro lado el vicepresidente sexto de la Unión Industrial de Córdoba, Omar Pellisa, reflexionó que “todo Córdoba debería encolumnarse para salvar la industria”, pues los problemas graves de la pérdida de competitividad, la crisis del campo y la crisis global “han llevado al empresariado a un grave problema, especialmente en las PYMES”.  

Pellisa añadió a lo anterior que las “malas medidas del gobierno nacional han llevado al empresariado a no tener expectativa hacia el futuro, por lo tanto, se frena la actividad por sectores y se paraliza el país”.  

El vicepresidente le planteó a los legisladores que revean la necesidad de impulsar el “financiamiento del sector empresario”. También manifestó su preocupación por los fondos en el fisco nacional “que se encuentran inmovilizados (…) que son de las empresas y que a través de mecanismos, algunos perversos, no se devuelven a las empresas”. 

Si bien reconoció la dificultad de la devolución de esos saldos fiscales a favor, “por lo menos creo que se podría morigerar el efecto tratando de generar algún régimen que permita la compensación de obligaciones por parte de las empresas”.  

Por último, planteó la cuestión de las RT, que han tenido “una demora en su tratamiento totalmente innecesaria”, en el Congreso Nacional. Pellisa explicó que la ley ya debería estar en la respectiva comisión discutiéndose. “Es uno de los costos más nefastos para la industria y el empresariado en general”, ya que en el caso de un accidente, hay PYMES que no tienen una estructura financiera y las puede llevar seguramente a la quiebra.