Con la Cancha Cambiada

Esta semana se aprobaría la ley por la cuál la provincia de Córdoba adhiere al Fondo Federal Solidario creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del cuál coparticipa el 30% de los fondos obtenidos por la recaudación de las retensiones a la soja.

Si esto ocurriera el miércoles, coincidirá con la intención de los bloques de la oposición en la legislatura provincial de plantear la discusión de este tema que estaba prevista para la semana anterior pero decidieron postergarlo ante el impacto político y social que produjo la muerte del ex presidente Raúl Alfonsín y por la realización de la sesión especial que realizó este poder en su honor.

Hasta ese punto de la semana pasada, el gobierno de Córdoba no había resuelto su postura frente a este fondo, cosa que quedó resuelta cunado el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti llegó a un acuerdo con las entidades agropecuarias, que rechazaban la medida a cambio de un baja en el impuesto inmobiliario rural y subsidios para la compra de maquinaria entre otras cosas y la provincia finalmente adherirá.

En pleno clima de electoral, Unión por Córdoba buscará tener un discurso crítico al gobierno nacional a la hora de fundamentar su adhesión a esta medida para no tener que pagar costos políticos locales a la hora de sumarse a la decisión de la presidenta a poco tiempo de las elecciones legislativas del 28 de junio.

Por su parte la oposición ya había hecho su jugada una semana antes y habían presentados tres proyectos, el primeo del bloque de la Unión Vecinal Federal el segundo, de la Unión Cívica Radical (UCR), y el tercero al Frente Cívico y Social (FCyS). 

Las declarativas coinciden en vincular la iniciativa de la mandataria a intereses electorales que tienden a enfrentar a provincias y municipios, además de considerar que agravia el conflicto irresuelto con el campo y que no contribuye en ningún sentido en mejorar la difícil situación económica y social que atraviesa el país.

La Unión Vecinal Federal arguye que “si bien el establecimiento de un fondo de esta naturaleza puede fortalecer a los presupuestos de esos niveles de gobierno por su aplicación directa en mejora de la infraestructura, no tiene ese objetivo. Sino que a tres meses de las elecciones, se advierte la intención de politizar el reclamo económico”.

Asimismo, agrega que la medida enfrenta a intendentes y gobernadores con los productores, “que sienten que el Gobierno lejos de escuchar sus reclamos, los provoca y los coloca en una difícil situación ante la población, intentando hacerlos pasar como insensibles a la crisis que afecta al país, cuando en realidad nunca fueron escuchados sus reclamos, ni su pretensiones de consensuar a través de la Mesa del Enlace, la cual nunca fue tenida en cuenta a la hora de plantear soluciones o alternativas en ese sentido”.

En el mismo sentido, la UCR expresa que la decisión nacional de la coparticipación “no soluciona el problema de fondo, la rentabilidad del campo. Pero sí presiona sobre los gobiernos provinciales y locales para que se alineen a su política con miras a las próximas elecciones legislativas”. 

Continúa el proyecto radical acusando al gobierno nacional de querer “engañar a la gente, dejando al país al borde de la quiebra económica e institucional. Esta propuesta es sólo un trueque meramente electoral con intenciones de disciplinamiento, expoliando a los chacareros y quebrando nuestras industrias metalmecánicas”.

Por su parte, el FCyS asegura que el Poder Ejecutivo Provincial “provoca la ruptura de la paz social y la armonía interior con su enfrentamiento con el campo, apartándose sistemáticamente de la Constitución Nacional”. 

El frente juecista le atribuye al gobierno la responsabilidad de querer “exacerbar el conflicto, profundizar las divisiones y fracturas en el país. Y lo que están necesitando los ciudadanos, es una discusión a fondo, seria, responsable, de todo el sistema impositivo nacional y provincial y obviamente una nueva ley de coparticipación federal”.

Este proyecto asegura que en tiempos de crisis “hay que orientar los recursos hacia aquellas actividades que, puestas otra vez en marcha, son impulsoras del movimiento económico y social de un país. En nuestro caso, el campo se constituye en el principal motor no sólo ya de la economía del interior sino del país todo, movilizando vastos recursos humanos”.