Renegados

En la sesión del día de hoy del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, siempre y cuando los bloques no oficialistas lo soliciten, se debatirán las posturas de la oposición acerca de la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de coparticipar los recursos generados por las retenciones a la soja, a través del Fondo Federal Solidario. 

En este sentido, existen tres proyectos. Uno de ellos le corresponde al frente de la Unión Cívica Radical (UCR), el segundo, al bloque Unión Vecinal Federal, y el tercero al Frente Cívico y Social (FCyS).  

Los tres proyectos de declaración coinciden en vincular la iniciativa de la mandataria a intereses electorales que tienden a enfrentar a provincias y municipios, además de considerar que agravia el conflicto irresuelto con el campo y que no contribuye en ningún sentido en mejorar la difícil situación económica y social que atraviesa el país. 

Lo que diferencia e individualiza cada proyecto, es la terminología con la que abordan los fundamentos, cada uno de ellos agregándole matices diferentes. 

Por ejemplo, Unión Vecinal arguye que “si bien el establecimiento de un fondo de esta naturaleza puede fortalecer a los presupuestos de esos niveles de gobierno por su aplicación directa en mejora de la infraestructura, no tiene ese objetivo. Sino que a tres meses de las elecciones, se advierte la intención de politizar el reclamo económico”. 

Asimismo, agrega que la medida enfrenta a intendentes y gobernadores con los productores, “que sienten que el Gobierno lejos de escuchar sus reclamos, los provoca y los coloca en una difícil situación ante la población, intentando hacerlos pasar como insensibles a la crisis que afecta al país, cuando en realidad nunca fueron escuchados sus reclamos, ni su pretensiones de consensuar a través de la Mesa del Enlace, la cual nunca fue tenida en cuenta a la hora de plantear soluciones o alternativas en ese sentido”. 

En el mismo sentido, la UCR expresa que la decisión nacional de la coparticipación “no soluciona el problema de fondo, la rentabilidad del campo. Pero sí presiona sobre los gobiernos provinciales y locales para que se alineen a su política con miras a las próximas elecciones legislativas”.  

Continúa el proyecto radical acusando al gobierno nacional de querer “engañar a la gente, dejando al país al borde de la quiebra económica e institucional. Esta propuesta es sólo un trueque meramente electoral con intenciones de disciplinamiento, expoliando a los chacareros y quebrando nuestras industrias metalmecánicas”. 

Por su parte, el FCyS asegura que el Poder Ejecutivo Provincial “provoca la ruptura de la paz social y la armonía interior con su enfrentamiento con el campo, apartándose sistemáticamente de la Constitución Nacional”.  

El frente juecista le atribuye al gobierno la responsabilidad de querer “exacerbar el conflicto, profundizar las divisiones y fracturas en el país. Y lo que están necesitando los ciudadanos, es una discusión a fondo, seria, responsable, de todo el sistema impositivo nacional y provincial y obviamente una nueva ley de coparticipación federal”.

Este proyecto asegura que en tiempos de crisis “hay que orientar los recursos hacia aquellas actividades que, puestas otra vez en marcha, son impulsoras del movimiento económico y social de un país. En nuestro caso, el campo se constituye en el principal motor no sólo ya de la economía del interior sino del país todo, movilizando vastos recursos humanos”.