Volver con la frente marchita
Luego de tres horas de debate (por momentos desarrollado sin quórum), la Unicameral aprobó ayer, por imposición de la mayoría de Unión por Córdoba y otros bloques minoritarios, incluso un sector del Frente Nuevo, la expropiación de dos salas del Teatro del Libertador vendidas al grupo empresario Irsa (nuevo propietario del Shopping Patio Olmos), en las que ensayan el ballet provincial, la orquesta y la banda sinfónica.
En tanto, el resto del “juecismo” y la Unión Cívica Radical lo rechazaron de plano, por entender jurídicamente que las famosas salas pertenecían a la provincia.
Los opositores puntualizaron, además, que el Estado pagará por la expropiación mucho más de lo que obtuvo por la venta y pronosticaron que el grupo empresarial dueño de Patio Olmos, tiene las puertas abierta para un planteo judicial, como ocurrió con los dueños del Palacio Ferreyra.
Desde el oficialismo, a través de su titular Dante Heredia, explicaron que el costo de la expropiación para las arcas provinciales no está contemplado en la nueva ley, “porque es un procedimiento posterior a la declaración pública y que estará a cargo de la Dirección Provincial de Tasaciones”.
Pasaron tres semanas desde que explotó el escándalo, en plena campaña electoral, cuando a través de una publicación periodística daba cuanta que el Gobierno había vendido dos salas de ensayo del Teatro del Libertador, junto con el edificio de Patio Olmos, a la empresa Alto Palermo S.A, del grupo Irsa.
El miembro informante del despacho por mayoría, Santiago Soleri, luego de garantizar que las polémicas edificaciones estarán destinadas al uso y goce exclusivo de los distintos cuerpos artísticos del Teatro El Libertador, aseguró que “las salas nunca pertenecieron al teatro, imágenes esta que ha pretendido instalarse en forma equívoca sobre la base de afirmaciones no correctas y por cierta tendenciosas”.
Por su lado, la legisladora María Taquela (FN), atribuyó y catalogó al caso como “una manía inmobiliaria que tiene la impronta de este gobierno. Estamos en contra, porque si aprobamos –el proyecto- convalidaremos borrar las huellas de un delito penal”.
Situación incómoda vivió parte del Bloque de la primera minoría (José Maiocco, Graciela Gaumet y Francisco García), encabezada por Jorge Valinotto quienes en su momento presentaron un proyecto para luego ser compatibilizado con el de Unión por Córdoba. “Queremos que se recuperen las salas en beneficio de la comunidad artística. De ninguna manera buscamos favorecer una política del Gobierno Provincial”, aclaró el villamariense.
Finalmente, el presidente de la bancada Radical, Heriberto Martínez, aseveró que “es una muestra más de cómo este gobierno maneja el patrimonio de la provincia. No hemos apoyado porque es una cuestión compleja, no hay especificaciones de ningún tipo, no hay subdivisión del inmueble. Es un proceso engorroso y que puede llegar a costarle mucho al Estado”.