Reescribiendo

Explicaron el primer documento de trabajo que se entregó al Consejo de Políticas Educativas por el que se busca actualizar la ley Provincial de Educación 8113, sancionada en 1991, acorde a lo establecido por la ley Nacional de Educación Nº 26.206. 

La presentación de este documento se llevó a cabo en la comisión de Educación, con la presencia de Carlos Sánchez, secretario de Educación, en la que también se oyeron dudas y sugerencias a cargo de los presentes. 

En este sentido, Sánchez manifestó que el objetivo de este documento es modificar o reformular aquellas cuestiones que “no hacen esencialmente al cambio, aquellas cuestiones que creemos ya no representan la realidad y sería necesario cambiar”, para ser reemplazados por otros mecanismos “más ágiles”.  

El secretario también consideró necesario agregar en el documento cuestiones importantes que “si o si deben estar presentes porque no se encuentran la (ley) 8113, y sí se encuentran fuertemente marcadas en la Ley Nacional”. 

Y aclaró que para analizar aquellas temáticas que son consideradas cruciales y que requieren de sendos debates, organizan comisiones específicas para abordar tales problemáticas de un modo más profundizado. A modo de ejemplo, Sanchez contó que convocaron a una de estas comisiones para tratar un tema que genera mucha discusión y que es necesario revisar. Se trata de la vinculación entre la educación superior universitaria y la educación provincial.  

El secretario destacó a su vez, respecto al cronograma a seguir, que han suspendido las consultas para después de las elecciones legislativas de junio porque no quieren mezclar el tratamiento de la ley de educación de la provincia con el clima de campaña propio de dichas elecciones. “Queremos que sea fruto del trabajo consensuado y del aporte de los sectores políticos y sociales, que es como debe tratarse una ley que regirá los caminos de la educación de la provincia”, agregó.  

El documento modifica diversos artículos de la ya mencionada ley 8113. Entre ellos, al artículo ocho, referido al Derecho de los Alumnos, el cual establece derechos de los alumnos de centros educativos. La modificación que se plantea es la eliminación de la participación del gobierno (inciso e) y se agrega la posibilidad de generar centros de estudiantes, asociaciones estudiantiles, etcétera. “Es necesario generar ese espacio de participación de los alumnos como modo de acceso a la vida democrática”, reflexionó Sánchez.  

Otra de las modificaciones propuestas, y muy importante, es la de considerar obligatorio el cursado escolar desde los cuatro años hasta el fin del secundario, mientras que, en la aún vigente ley, lo necesario es desde los cinco años hasta el ciclo básico.  

Asimismo, sugieren cambiar la denominación de la educación media, por educación secundaria, además de establecerla como obligatoria. Otra de las cuestiones relevantes es que este nivel académico en la ley 8113 está dividido en Ciclo de Especialización y Ciclo Básico Unificado, por lo que propusieron reformar dicha división en Ciclo Básico de carácter común y Ciclo Especializado de carácter orientador de a cuerdo con las distintas áreas de trabajo.  

Por otro lado, Sánchez expresa que se debe revisar el artículo treinta y seis de la Ley en cuestión, según el cual se le otorga a la provincia la posibilidad para crear universidades provinciales. Esto es así porque a través de la ley 9375 ya es un hecho concreto la universidad provincial, por ende el artículo se tendría que eliminar porque ya no es un mandato. 

En cuanto a la modalidad de educación para jóvenes y adultos, se propuso agregarle un aspecto más abarcativo, debido a que contemplaría la educación para personas privadas de la libertad.  
 
Por otro lado plantearon, respecto a la sección segunda de la ley 8113, tomar al Consejo Provincial de Políticas Educativas como el órgano de participación, asesoramiento, consulta y participación del Ministerio de Educación.  

Fundamentando que resulta necesario la creación de espacios de participación y organización en la vida escolar, es que apelaron a la puesta en marcha de los Consejos de Convivencia Escolar que devinieron abstractos porque nunca pudieron organizarse, llegando incluso a generar conflictos.  

Acto seguido, el secretario del Ministerio de Educación procedió a responder las dudas de los presentes. Como fue el caso del interrogante acerca de quiénes integrarán los nombrados consejos de convivencia. A lo que Sánchez respondió que está planteada la participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa, es decir, directivos, docentes, padres y organizaciones sociales. Y en el caso de la Educación Superior, es imprescindible la participación de la representatividad de los alumnos, en dichos consejos.  

La idea central que defienden desde el Ministerio es elaborar un anteproyecto para llegar a fin de este año con una nueva ley de Educación Provincial que reemplace a la 8113. Porque lo que buscan es una ley que no sea reglamentarista debido a que “termina atando al propio sistema que es un sistema dinámico”, y que además sea general porque los sectores están en un cambio constante.