Marcha y Presos
Como todos los 24 de Marzo, se desarrolló una nueva marcha a la que asistieron veinticinco mil cordobeses para conmemorar el fatídico golpe militar del 24 de Marzo de 1976 que llevó adelante un proceso de secuestros, torturas y extermino de toda una generación.
Pero no fue una marcha más, fue la primera que se desarrolló con Luciano Benjamín Menéndez y todos sus secuaces tras las rejas de una cárcel común y perpetua, mientras que las mismas abuelas y madres que año tras año caminan las calles de esta ciudad reclamaban ahora, por la celeridad en los juicios a los represores.
En la Plaza San Martín donde se desarrolló el acto para recordar el golpe se leyó un documento en consonancia con el reclamo en el que criticaron en duros términos a la Iglesia, la Sociedad Rural y a “esa puta Cámara Nacional de Casación Penal” que es la “Cámara de la Impunidad” expresaron dos de sus oradores.
El documento señala a la sala tercera, constituida por Eduardo Riggi, Guillermo Tragánt y Ángela Ledesma, calificándolos como “esos magistrados que no son dignos, avalan a los genocidas que siempre protegieron” por la interpretación que éstos hicieron de las leyes al dictar un fallo en el que le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria a Hermes Oscar Rodríguez quien está condenado a 22 años de prisión por “represor y torturador”.
“Se olvidaron esos magistrados de la desaparición en democracia de un testigo clave como Jorge Julio López, nosotros no nos olvidamos y lo seguimos buscando” expresó Mozé durante la lectura del documento.
El documento también toma posición frente al actual conflicto del campo criticando en forma contundente a la Sociedad Rural a la que calificaron de “socia del golpe militar”.
En este sentido el texto recuerda la solicitada que ésta emitió a días del golpe y que decía así: “La sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 para poder lograr así los fines propuestos que en definitiva son los grandes objetivos nacionales”.
Asimismo repudiaron a los sectores agropecuarios que “siguen sosteniendo el sistema agroexportador que concentra la tierra y sus bienes o productos en las manos de algunos” y condenaron el desalojo violento de los campesinos por la extensión de las “fronteras de la soja”.
En cuanto a la iglesia argentina recordaron en el documento que cuando ocurrió el golpe militar “la Conferencia Episcopal Argentina llamó a cooperar positivamente con el nuevo gobierno, nada dijo cuando le mataron a sus obispos y sacerdotes, treinta años les llevó reconocer que la muerte de Monseñor Enrique Angelelli no fue un accidente, pero jamás fueron a la justicia a pedir explicaciones ni se presentaron como querellantes, tal vez porque el Cardenal Primatesta no tendría como justificar su gran amistad con Menéndez”.
La crisis internacional también fue tema abordado en el documento en donde se señaló como el origen de esta desestabilización financiera a los modelos económicos implantados por las dictaduras militares, obedeciendo designios de Washington, en todo Sudamérica “afectando la economía real en todas sus dimensiones”.
En este mismo sentido también sostuvieron que no debe haber más despidos en las fábricas para que de una vez por todas los trabajadores dejen de pagar las consecuencias de los desmanejos financieros que ocurren durante épocas de crisis.
“El Hambre es un crimen” resalta el escrito donde arroja cifras escalofriantes. En Argentina existen seis millones de niños y niñas que son pobres de los cuáles tres millones pasan hambre y la mitad no posee cobertura sanitaria. ¿Cuántos chicos más deben morir para que los gobiernos tomen la decisión política de alimentar y educar a nuestros niños? Se pregunta el manuscrito.
Además el documento exige: La plena vigencia de los derechos de la mujer, la legalización del aborto, la libertad de Romina Tejerina, el desmantelamiento de la red de trata de personas y la aparición de las más de quinientas secuestradas por este negocio.
La lectura del documento estuvo a cargo de; en representación de los Organismos de Derechos Humanos, Martín Mozé Acosta, quien recuperara su identidad hace pocos días, hijo del “Chicato” Mozé fusilado durante la dictadura militar en la Cárcel de San Martín; Carmen Mercado y Marité Rosales en representación del Movimiento Campesino de Córdoba; Laura Galo representando a la Cooperativa de Trabajo de Oncativo “La Minga” que integra la mesa de trabajo “Paren de Fumigar”.
También el documento celebró la decisión de la Corte suprema de Justicia, “que sigue haciendo justicia” en un reciente fallo estableció que los genocidas deben cumplir en cárcel común y perpetua sus penas por los delitos de lesa humanidad