Plástico registrado
La legisladora del partido Vecinalismo Independiente, Modesta Genesio de Stabio, presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley, cuyo objeto es generar un vademecum de bioimplantes de uso médico para ser utilizados en los Servicios Hospitalarios de la Provincia, y un Registro Provincial de Proveedores de Bioimplantes.
Ahora bien, ¿qué se entiende por bioimplante? Muy bien lo explica la legisladora: se entiende por bioimplante “a todo adminículo para ser implantado en el organismo humano, estéril y perfectamente compatible con los tejidos y fluidos orgánicos para reemplazar o reparar un daño anatómico o una pérdida funcional”.
Mediante este proyecto de ley, se crearía el Comité Provincial de Bioimplantes (Co.Pro.Bi) que se conformaría por los Jefes de Servicios Hospitalarios Provinciales de las especialidades que utilicen bioimplantes, y que deberá redactar una vez al año un vademecum de Bioimplantes, por consenso de expertos, dividido en comisiones por especialidades y tomando decisiones por simple mayoría.
Por otro lado, las personas que pretendan figurar como proveedores de bioimplantes, según los establece el proyecto de ley, deberán solicitarlo a la Autoridad de Aplicación y acreditar que son fabricantes o comercializador de estos productos, de marcas reconocidas, cumplir con la normativa que establezca el ANMAT para la fabricación y comercialización y tener instalado en esta provincia un comercio con local adecuado y stock suficiente de las variantes de los bioimplantes que se ofrecen.
Asimismo, y mediante su proyecto, Genesio de Stabio invita a las Sociedades Científicas con sede en la provincia a participar del Co.Pro.Bi como asesores expertos para posteriormente adherir al Vademecum. También se explica que la autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud.
El interés de la legisladora que la llevó al presente proyecto está enmarcado en los avances, desde hace ya varios años, en la investigación para la utilización de sustitutos anatómicos y/o funcionales (los llamados bioimplantes), para el tratamiento de patologías; han llevado a una oferta numerosa y diversa, sólo que siempre de alto precio por el costo de regalías y valor agregado, tanto para productos fabricados en el país bajo licencia o no, como para los insumos importados.
Esta condición de elementos terapéuticos imprescindibles, unida a la difusión de su uso que hace que la comunidad exija su utilización como derecho inalienable de acceso a un estado saludable, genera una demanda de alto costo en la prestación de salud. Pero a esto se suma la posibilidad de un uso mercantilista de estos bioimplantes, cuando se solicitan insumos de un altísimo costo que pueden reemplazarse por otros de muchísimo menor precio pero de igual prestación terapéutica.
Este comportamiento perverso, sostiene Genesio de Stabio, lleva su costo a niveles improcedentes que deterioran los presupuestos asignados para la salud tanto del Estado como de las Obras Sociales. En forma sistemática administradores de ambos estamentos prestadores, denuncian hechos vinculados a este tema.
Por todo lo expuesto, la parlamentaria demuestra la clara necesidad de crear un marco permanente y ajustado a los avances de la ciencia para el uso de estos insumos, y de esta manera, hacer más equitativo e igualitario el acceso a todos los niveles de prestaciones de salud.