Los Miserables

21/03/2009
Nacionales - Juicios que cambiarán el país
alternative
Elevaron a Juicio Oral a una ex Jueza que colaboraba con Massera para apropiarse de los bienes de los desaparecidos
El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a la ex magistrada en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García en el marco de la "megacausa" en la que se investigan delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

En una resolución de 62 carillas, Torres elevó al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) la causa por la participación de García en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos que estuvieron ilegalmente cautivos en la ESMA, entre ellos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma.

La ex jueza fue procesada el 24 de octubre de 2007 como "partícipe secundaria del delito de extorsión y por el asociación ilícita en calidad de integrante" en una resolución que fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal el 5 de marzo de 2008.

Torres recordó la "directa intervención" que tuvo la ex jueza en las maniobras y que "se encuentra probado que conocía acabadamente la ayuda que prestaba (a los represores) y su respectiva aceptación por parte de los autores de los hechos".

García, quien renunció luego que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aconsejara su destitución, formaba parte de la escribanía del fallecido Ariel Washington Sosa Moliné donde se fraguaba documentación para traspasar bienes y propiedades de aquellas personas que estaban ilegítimamente cautivas en la ESMA.

Esta investigación es un desprendimiento de la "megacausa ESMA" que lleva adelante Torres, con la intervención del secretario Pablo Yadarola y el fiscal Eduardo Taiano, tras la derogación y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y en ella la ex magistrada aparece imputada de haber colaborado con el ex dictador Emilio Eduardo Massera, entre otros, en el desapoderamiento de bienes.

En el expediente se investigó el rol que cumplía García en la escribanía que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas "transferían" sus bienes a sociedades que integraban familiares de ex jerarcas navales, entre ellos el también procesado Eduardo Enrique Massera, hijo del ex jefe de la Armada durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

Según constancias de las actuaciones la ex jueza habría sido, en la década del '70, empleada de la escribanía, síndica y accionista de la empresa "Will-Ri" que conformaban, entre otros, los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Jorge Radice y Francis William Wahmond.

El nombre de la empresa ("Will-Ri") se conforma con la primera sílaba de los apellidos "de cobertura" con que actuaban Radice (al que llamaban Héctor Ríos) y Francis Wahmond (que actuaba con la falsa identidad de Federico Williams).

La "asociación ilícita" que formaban los ex jefes navales tenía por objetivo hacer desaparecer y desapoderar de sus bienes a los propietarios, entre otros bienes, del campo de "Chacras de Coria", valuado en unos 15 millones de dólares.

Aquella investigación permitió establecer que, en enero de 1977, distintos grupos de tareas de la ESMA realizaron allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y en la finca de la avenida Santa Fe 1713, de la Capital Federal, donde secuestraron a Gómez y se apoderaron hasta de un "piano de cola" y, en sus campos, de una veintena de caballos pura sangre de carrera.

Los captores también "se habrían llevado los objetos inherentes al funcionamiento de los departamentos, entre otros, calefones, mesadas, sillas, estufas, lámparas de pie y colgantes, mesas y colchones, 'vaciando' literalmente las viviendas", y de la caja fuerte "cientos de miles, tal vez más de un millón", según sus familiares.