Perdiendo el control
Los pedidos, además de ser tratados en conjunto, fueron rechazados en la Unicameral, en el marco de la séptima sesión ordinaria sucedida en el día de ayer.
Uno de estos pedidos solicita la comparecencia del Ministro de Gobierno a la sesión plenaria que corresponda con la finalidad de informar cuáles son las medidas dispuestas, ante la creciente ola de inseguridad reinante, que se traduce en los graves hechos delictivos ocurridos en el territorio provincial.
El otro, se dirige al Poder Ejecutivo Provincial reclamando respuestas acerca de por qué sistema se adquirió armamentos y equipos en los años 2004, 2005 y 2006; quién fue el proveedor y cuál fue el precio pagado. Sucesivamente, consulta sobre el proveedor en las licitaciones o concursos de precios en el año 2007 y en el transcurso del corriente, y cuán fue la suma definitiva que se abonó.
Y el último, también dirigido al Ejecutivo, reclama las estadísticas confeccionadas por la Policía de la Provincia de Córdoba, se pregunta sobre las medidas que se han adoptado para combatir el flagelo delictivo, ante lo evidente de su crecimiento en la sociedad; pide información sobre la existencia de grupos especializados para combatir la delincuencia organizada; y sobre los programas de capacitación de personal policial.
Los fundamentos de los pedidos de informe mencionados, se erigen alrededor de un mismo eje: la seguridad en Córdoba. Para comenzar su desarrollo, el frente autor de los pedidos establece que existe un marco legal que no se cumple, con políticas de seguridad erradas, mientras la ciudadanía queda expuesta indefensa antes innumerables olas de inseguridad.
Los parlamentarios se sustentan en el artículo diecinueve inciso uno de la Constitución Provincial, el cual arguye que todas las personas gozan del derecho a “la seguridad personal”. Este derecho equivale a un “derecho a la tranquilidad”, que implica a su vez, el deber del Estado a resguardar los derechos de los habitantes frente a la delincuencia.
Resulta fundamental que la sociedad tenga confianza en su institución policial y judicial. El Frente Cívico considera lamentable la existencia de fueros como el llamado “anticorrupción” que más parecen un dibujo burocrático en el Poder Judicial, que Fiscalías “en serio”. Y es precisamente esa confianza, inherente para una mejor convivencia social, la que está sufriendo embates frente al accionar desenfrenado de los actos delincuentes.
Pese a la decisión de la mayoría que rechazó estos pedidos, es importante tener en cuenta que la seguridad es un tema candente, pues es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática.