Tragusa

Tomaron estado parlamentario los proyectos de ley que regulan la inducción y venta de bebidas alcohólicas a menores, propuestos por la legisladora de Concertación Plural Silvia Rivero, en el marco de la última sesión de la Legislatura provincial. 

Ambos proyectos comparten la necesidad de reducir el índice de mortalidad por accidentes de tránsito. Uno se centra específicamente en controlar la venta de alcohol en locales aledaños a las rutas provinciales. El otro, sanciona a los comercios que expongan, en las mismas zonas, carteles publicitarios que propaguen el consumo de bebidas alcohólicas. 

Son por todos conocidas las estadísticas publicadas por diferentes organismos acerca del índice de mortalidad en las rutas argentinas. Estos mismos índices demuestran que el aumento del consumo de alcohol resulta una causa inherente a los decesos en los accidentes de tránsito.  

Es pertinente recordar, como lo pretende Rivero, que las bebidas alcohólicas hacen que las respuestas y las maniobras ante cualquier eventualidad en la ruta, sean torpes y lentas. Embotan los sentidos disminuyendo la capacidad de atención normal, generan una falsa sensación de seguridad que predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones a las normas de seguridad de tránsito. 

Por lo tanto, resulta contraproducente, para la legisladora, que esté permitida la libre venta de bebidas alcohólicas en comercios cercanos a las carreteras, como así también la publicidad de estos productos. 

La publicidad es cuestionada por el poder de persuasión que ejerce en el público. La metodología utilizada por las mismas, entre otros, por las gigantografías y carteles que pueblan las rutas de nuestro territorio, donde se difunden mensajes asociados al éxito social, profesional o sexual, resulta un factor influyente para el consumo y abuso de bebidas alcohólicas.  

La legisladora preopinante basa sus argumentos, además de lo mencionado, en la Ley Nacional 24.788 de Lucha Contra el Alcoholismo del año 1997, aún sin reglamentación, que dispone la prohibición de toda aquella publicidad o incentivo que sugiera que el consumo de alcohol mejora el rendimiento físico o intelectual, o que funciona como estimulante de la sexualidad o la violencia.