Menos Presos
El pasado 27 de febrero el juez de Ejecución Penal, Gustavo Arocena, rechazó el hábeas corpus interpuesto en agosto de 2005 por la asociación cvil “Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba”, a favor de los internos alojados en el Establecimiento Penitenciario número dos de Córdoba, conocida como la Cárcel de barrio San Martín.
Sin embargo, ordenó a la Administración Penitenciaria que disponga lo necesario para que la población de reclusos de la penitenciaría en cuestión, reduzca su número a la menor cantidad posible, y nunca exceda de los setecientos internos.
Se le dispuso al Poder Ejecutivo de la Provincia, Ministerio de Justicia, Secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria y Ministerio de Salud, que en un plazo no superior a cuatro meses, disponga lo necesario para que se diagrame un programa terapéutico-asistencial para el adecuado tratamiento de las adicciones a estupefacientes padecidas por reclusos alojados en el penal.
También se le exigió a los mismos organismos que dispongan, en un lapso de seis meses, de lo necesario para que el correccional cuente con los recursos económicos, materiales, humanos y de infraestructura, necesarios para ampliar las plazas laborales disponibles para los reclusos allí alojados.
Y se le recomendó al Poder Ejecutivo cordobés que provea a la cárcel de los recursos necesarios para elevar los cupos con los que cuenta, para que los internos realicen el Ciclo Básico Unificado (CBU), o accedan a la escolarización primaria, terciaria o universitaria.
Por último, se le sugirió al Área de Psicología del Establecimiento Penitenciario la implementación de proyectos de abordaje psicológico grupal, que permitan tratar las problemáticas y situaciones afines que pueda padecer un conjunto determinado de reclusos.
La reinserción social de un presidiario no resulta tarea sencilla. Pero mucho más aún se complica, si las dependencias encargadas de orientarlo en esa labor no se encuentra en óptimas condiciones. La justicia cordobesa dio el primer paso para extinguir los problemas de hacinamiento que aquejan desde oscuros tiempos en las cárceles argentinas. Lo que sigue es que la provincia tome todos los recaudos que se le exigieron.