La pipa sin paz
Tomó estado parlamentario el proyecto de ley elaborado por el legislador del bloque de Union por Córdoba, Emilio Graglia, por el que se adhiere a la ley nacional 23.737 “Tenencia y tráfico de estupefacientes” y sus modificaciones a través de la ley 26.052. La iniciativa se enmarca en las políticas implementadas por el gobierno en la problemática, como la reciente creación de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
El documento contempla la necesidad de implementar modificaciones orgánicas y jurisdiccionales, tanto en la Justicia provincial como en la Policía de Córdoba. De esta manera se prevé un trabajo coordinado entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, por intermedio de sus respectivas comisiones, en el afán de elaborar una expresión de un “estado comprometido” con el flagelo de la drogadicción y el narcotráfico.
La ley faculta al Ministerio de Gobierno para instrumentar, por vía del organismo que este determine, las adecuaciones orgánicas necesarias en las fuerzas de seguridad para la asunción de las nuevas competencias.
Las competencias que asume la provincia son las que se refieren a la comercialización de “estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Esto tiene que ver -según la fundamentación del proyecto- con una dimensión “muy importante del abordaje de la problemática de la drogadicción.
Asimismo, se propone que las partidas presupuestarias destinadas por el Estado provincial a esta problemática, sean “reforzadas con los fondos obtenidos de las multas, beneficios económicos, bienes incautados o el producido de su venta, a la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico”.
Paralelamente, y según lo determina el artículo 5 de la ley 26.052, la provincia adhiere además, al sistema de transferencias de recursos desde el Estado nacional para solventar el cumplimiento de las competencias asumidas.