Vetados

Durante la última sesion legislativa, tomó estado parlamentario el proyecto presentado por el bloque de la UCR, mediante el que se solicita la incorporación a la ley nº 8836 (Modernizacion del Estado) del artículo 106 bis que declara que la Corporación Inmobiliaria de Córdoba S.A (Corincor) deberá excluir a todos aquellos oferentes, sean personas físicas o jurídicas, que cuenten con condena o causas abiertas en la justicia penal.

En sus fundamentos, el documento remarca la “soledad del oficialismo parlamentario” para llevar adelante las expropiaciones de inmuebles de la provincia, un tema que ha generado grandes cuestionamientos desde todo el arco opositor.

En esa línea, el proyecto señala que existe “un tufillo raro”, en relación a los posibles actores y oferentes que participarían en los procedimientos legales. Los organismos de control oficial, han puesto de manifiesto irregularidades producidas durante los mecanismos licitatorios públicos.

Por esa razón, los legisladores radicales exigen un cambio de rumbo de las políticas del oficialismo, y subrayan la “imperiosa necesidad” de mayor control y transparencia, para que empresas o personas físicas con causas judiciales iniciadas por organismos oficiales, queden excluidas de los negocios inmobiliarios.

Renglón seguido, el documento pone de relieve la “tendencia” del Gobierno Nacional de restringir los poderes de investigación de estos organismos, citando como ejemplos la “limitación legal” del Defensor del Pueblo, y la desaparición del Fiscal Anti Corrupción, entre otros