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La Fiscalía Federal de Bahía Blanca interpuso ayer un recurso de queja ante la Suprema Corte de la Nación por presunto "retardo de justicia" de la Cámara Federal de Apelaciones local en las causas por delitos de lesa humanidad de la dictadura militar en esta ciudad bonaerense.
La presentación fue realizada por el fiscal General, Hugo Omar Cañón, quien denunció a la Cámara Federal de Apelaciones por supuesto "retardo de justicia" en la investigación por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, que en Bahía Blanca se desarrolla en el Comando V Cuerpo de Ejército.
En los fundamentos de su presentación, Cañón señaló que "radica en el retraso en que incurre la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, al no resolver la situación procesal" de "Leonardo Luis Núñez, Miguel Angel Moreno, Argentino Cipriano Tauber, Julián Corres y Vicente Antonio Forchetti.
También reclama que se resuelvan los casos de Héctor Arturo Goncalves, Carlos Alberto Contreras, Hector Jorge Abelleira, Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia", según informaron fuentes de la Fiscalía Federal.
En el texto menciona la Acordada 42/08 del 29/12/08 de la Suprema Corte de Justicia, que resalta "la necesidad de extremar los recaudos para que las causas en que se investigan crímenes de Lesa Humanidad se resuelvan en un plazo razonable para preservar el derecho de los procesados, como también el de las víctimas y sus deudos a obtener una respuesta".
"Los jueces a cargo de la investigación o el juzgamiento de los hechos ocurridos durante el último gobierno de facto deberán extremar los recaudos para acelerar el trámite de las causas pendientes y que permita, a la vez, resolver la situación procesal de las personas inculpadas en un plazo razonable", subrayó.
Resaltó asimismo "el retraso que signa el trámite de todas las apelaciones relacionadas con la situación procesal de los responsables del terrorismo de Estado y la comisión de los más aberrantes crímenes, el perjuicio -también patente- que el estancamiento de estos incidentes produce, con repercusión tanto para la instrucción todavía en curso, como para la etapa de juicio que se prepara".
Por otra parte, Cañón citó además la Resolución dictada por el Procurador General de la Nación -del 10 de mayo del año 2006-, en la que se instruye a los Fiscales Generales ante las Cámaras Federales del país a "extremar los recaudos procesales necesarios y pertinentes para agilizar los procesos por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto".